Viernes, 21-11-2008 - Actualizado a las 10:48 h.
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Una directiva europea abre una vía para contar con un 'rating' común
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Eduardo G. Ercoreca - Madrid - 01/10/2007
Más apoyo mutuo. Las entidades pertenecientes a la Asociación Española de Cajas Rurales (AECR) han encontrado una vía para reforzar su protección recíproca. Una directiva europea, pendiente de ser traspuesta en España, abre la posibilidad de crear un mecanismo ágil de respaldo común. Ahora comienza el debate en esta asociación que en 2006 agrupaba a 73 entidades que contaban con 3.634 oficinas, 13.034 empleados, 54.159 millones de euros en activos y anotaron un resultado conjunto de 382 millones.
Las cooperativas pertenecientes al Grupo Caja Rural ya disponen de un fondo interno de solidaridad destinado a resolver situaciones de insolvencia que puedan sobrevenir a cualquiera de las asociadas. Actualmente, el fondo atesora un patrimonio de 159 millones de euros. Sin embargo, este mecanismo sólo puede entrar en funcionamiento si existe un consenso suficiente en la asociación.
La directiva 2006/48/CE plantea crear un sistema institucional de protección más ágil, capaz de actuar sin tener que pasar antes por una votación de la asamblea de la AECR.
Aunque la norma comunitaria puede ser adoptada también por bancos y cajas de ahorros, se ajusta mejor a la realidad de las cooperativas de crédito porque éstas suelen tener una cultura de solidaridad mutua más arraigada. De hecho, el texto legal está pensado para entidades razonablemente homogéneas. En este sentido, los miembros del Grupo Caja Rural desarrollan negocios más o menos parecidos y, por tanto, presentan perfiles de riesgo similares.
'El artículo 80.8 de la directiva señala la posibilidad de asignar una ponderación del 0% a los riesgos mantenidos entre entidades pertenecientes a un mismo sistema de protección', señalan fuentes de las rurales. Es decir, cualquier caja perteneciente al sistema puede conceder a otra socia créditos por valor de más de un 25% del importe de sus recursos propios.
Pero para beneficiarse de estas ventajas hace falta también cumplir una serie de requisitos. Para ser operativo, el sistema debe contar con capacidad de influencia sobre los socios, para que ninguno de ellos se extralimite en su operativa bancaria y terminen pagando los demás sus excesos. Es decir, las entidades de crédito deberían cumplir ciertas normas si quieren estar bajo el paraguas común.
El esquema de protección podría respaldar a entidades en situación de crisis a través de distintas fórmulas, como préstamos, avales, compra de activos, e inyecciones de liquidez o de recursos propios. Por otra parte, se ocuparía de realizar su propia evaluación de riesgos de las asociadas. Con carácter anual publicaría un informe que comprendería el balance de la propia sociedad, su cuenta de resultados, así como una descripción de la situación general del sistema.
Mientras que el fondo de solidaridad ya existente es un mero depósito en el Banco Cooperativo Español, el sistema institucional de protección podría operar con una fórmula mixta de depósito, provisiones, etcétera. Su cuantía todavía se desconoce, pero dependería de una fórmula matemática establecida por el Banco de España.
Por otra parte, el sistema de protección podría contar con una calificación crediticia propia. Ésta puede ser mejor que el rating individual de que disponen cada miembro de la AECR por separado y, consecuentemente, facilitaría a las rurales la captación de recursos en el mercado. Las cooperativas de países como Alemania, Finlandia y Austria han puesto en marcha mecanismos similares que pueden servir de referente.
Hoy por hoy, los miembros de la AECR tienen tres mecanismos de protección frente a las turbulencias. Por un lado está el fondo de solidaridad que se estudia reformar ahora y que cuenta con 159 millones de euros para reflotar entidades. Por otra parte, las rurales cuentan con una póliza integral bancaria. Este seguro, suscrito con RGA, cubre a los asociados frente a siniestros como atracos, deslealtad de algún administrador o caídas del sistema informático. Y en tercer término figura el convenio de tesorería. Existe el compromiso entre las rurales para que depositen sus excedentes de tesorería en el Banco Cooperativo con el objeto de que otras compañeras puedan acceder a líneas de financiación preferente que les permitan eludir problemas de liquidez.
En el sector cooperativista esperan que el Banco de España reciba con buenos ojos la creación de este sistema institucional de protección porque refuerza la estabilidad de los socios.
Este proyecto no tiene ningún tipo de relación con la propuesta de integración de balances que no llegó a buen término el año pasado.
El desarrollo de un sistema ágil de cobertura se plantea con las dos máximas del Grupo Caja Rural en mente: descentralización (cada entidad es autónoma) y subsidiariedad (se hace de forma conjunta aquello que no se puede desarrollar en solitario).
Las entidades podrán sumarse libremente al mecanismo, pero si desean darse alguna vez de baja deberán notificarlo con 24 meses de antelación. Está previsto que el Banco Cooperativo se incorpore, pero como un miembro más, no para canalizar la iniciativa.
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