Las cajas afrontan los meses más decisivos de su historia

Del mismo modo que hay instantes que marcan a fuego la vida de una persona, también hay momentos que decantan para siempre el futuro de una empresa o un sector. El presidente de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), Juan Ramón Quintás, suele recordar que estas instituciones tienen tres siglos de historia y han sobrevivido a todo tipo de regímenes y crisis económicas, pero, en esta ocasión, van a vivir una serie de acontecimientos que marcarán a la industria durante décadas.

En el primer semestre del ejercicio, las cajas afrontarán una notable caída de sus ingresos, un severo proceso de ajuste, una decena de operaciones de integración y rescate, la primera oleada de ayudas públicas, así como un nuevo debate sobre su marco normativo.

El más acuciante de estos retos es la caída del negocio bancario. De acuerdo con la mayoría de analistas y responsables del sector financiero, 2010 va a ser el ejercicio más difícil para las cajas y bancos españoles. Los desafíos se les acumulan. De un lado, la recesión económica hace que empresas y particulares no contraten nuevos créditos. De otro, la depresión del sector inmobiliario va a provocar una segunda oleada de morosidad: la de las promotoras de tamaño medio.

Además, las entidades financieras no contarán, como en 2009, con el viento de cola de los tipos de interés. Estos continuarán en mínimos históricos y su margen de negocio será más estrecho que nunca. Para terminar de componer este entorno tan comprometido, la banca deberá seguir reforzando sus niveles de solvencia para prepararse ante Basilea III, la nueva normativa internacional sobre recursos propios.

Por si este panorama no fuera de por sí un colosal reto para el sector financiero, las cajas deben afrontar una batería de problemas específicos. El más inmediato, el de la consolidación. Tras varios meses de advertencias por parte del regulador sobre la necesidad de acometer un proceso de concentración, el Banco de España y el Gobierno pusieron fecha de caducidad a la propuesta: el primer semestre de 2010. Las entidades han tomado buena nota de las recomendaciones y ya hay nueve operaciones en marcha, con diferentes grados de desarrollo.

Una de las más avanzadas es la integración de Caja de Guadalajara dentro del grupo andaluz Cajasol. Esta combinación marca un hito, pues se trata de la primera unión de dos entidades de ahorro provenientes de distintas comunidades autónomas. El problema es que, a pesar de las advertencias del gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y de Juan Ramón Quintás, las fusiones interregionales constituyen la excepción en este proceso.

La alternativa que mejor ha funcionado para evitar los recelos de las administraciones autonómicas a ese tipo de operaciones son los Sistemas Institucionales de Protección (SIP). Caja Navarra (Can) y CajaCanarias (de Tenerife) han llevado al límite esta figura jurídica para lograr lo que han denominado una fusión fría. "Se trata de aprovechar todas las ventajas de una integración, en términos de sinergias, complementariedades, dilución de riesgos... al tiempo que se evitan sus desventajas", explicaba gráficamente el director general de Can, Enrique Goñi.

A este proyecto se ha sumado Caja Burgos, tras desmarcarse a última hora de la creación de una gran entidad en Castilla y León. De acuerdo con el calendario establecido por los tres socios, en el segundo trimestre del ejercicio comenzarán a funcionar como un único holding consolidado, el grupo Banca Cívica, con un solo rating e interlocución única con el supervisor. La mallorquina Sa Nostra estuvo en la órbita de este proceso, pero ahora estudia otras alternativas.

La otra fusión articulada en torno a un SIP es la de Caja Rioja, La Caja de Canarias (Las Palmas) y Caja Inmaculada, aunque esta última se ha distanciado del proyecto en las últimas semanas.

Además de estas dos operaciones, formalmente activas, otro grupo de entidades de varias comunidades también plantea utilizar esta fórmula. El presidente de Caja Cantabria comentó hace dos meses que estudiaba una fusión para superar los 100.000 millones de euros de activos. Sus socios, de acuerdo con diversas fuentes, serían Cajamurcia, la ya citada Sa Nostra, Caixanova y Cajastur. No obstante, estas dos entidades deben solucionar algunos problemas antes de comprometerse en esta alianza.

La primera fue elegida por el supervisor para absorber Caja Castilla La Mancha (CCM), intervenida por problemas de solvencia en marzo de 2009. De acuerdo con el calendario previsto, en mayo se celebrará la asamblea de CCM que aprobará la integración y la desaparición legal de la caja castellanomanchega. Uno de los aspectos más polémicos del acuerdo ha sido el uso de una ficha bancaria durmiente, la de Banco Liberta, para ejecutar la transacción. En los SIP que están en negociación, la figura jurídica que se servirá como grupo central (un banco, una caja o una asociación de cajas) está generando un fuerte debate. Tanto los sindicatos como la CECA consideran que la utilización de fichas de bancos puede comprometer la naturaleza jurídica del sector de cajas.

El conflicto gallego

La otra entidad en la órbita del grupo de los 100.000 millones, Caixanova, tiene un desafío de orden político. La Xunta ha apostado fuerte por su fusión con Caixa Galicia, y parece dispuesta a todo por llevarla adelante. En su empeño, ha promovido una nueva legislación autonómica de cajas que otorga mayor poder al Parlamento gallego (controlado ahora por el PP), restándoselo a las entidades fundadoras. El Gobierno central ha recurrido ante el Tribunal Constitucional esta norma, por considerar que invade algunas de sus competencias. En respuesta, el Ejecutivo gallego ha amenazado con impugnar el decreto del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Mañana se celebrará una reunión entre la Xunta y el ministerio de Política Territorial para tratar de evitar la completa judicialización del proceso.

El fondo de ayuda a la banca (de ayuda a las cajas, en la práctica) es otra de las incógnitas a resolver en los próximos meses. Tras la aprobación del marco general por parte de Bruselas, ahora las entidades interesadas deben dirigirse a este organismo y a la Comisión Europea para solicitar la inyección de fondos públicos.

Las primeras en hacerlo han sido las agrupadas como Unió de Caixes Catalanes (las cajas de Sabadell, Terrassa, Manlleu y Girona, que van a empezar a operar bajo la marca Unnim). Se espera que esta semana las autoridades comunitarias den su visto bueno a la recapitalización, que podría ascender a 500 millones de euros. La otra gran coalición catalana, compuesta por Caixa Catalunya, Caixa Tarragona y Caixa Manresa, baraja solicitar 1.315 millones al FROB.

El gran problema que tendrán estas entidades, tras recibir los fondos, son las duras condiciones impuestas para su devolución. Esta se realizará en un plazo de cinco años y deberá abonar un tipo de interés del 7,75%. Algunos analistas han advertido que las entidades tendrán serias dificultades para poder cumplir estos requisitos.

En Cataluña, otra de las operaciones en marcha es la de Caixa Penedès y Caixa Laietana. Aunque rompieron la negociación antes de Navidades, mantienen "puentes de diálogo" abiertos para seguir avanzando.

La región donde más tiempo y más quebraderos de cabeza está provocando la concentración de cajas es Castilla y León. Tras promover la Junta una fusión de las seis entidades de la región, ahora tan sólo Caja Duero y Caja España continúan en negociaciones. Su integración es cuestión de semanas. Solicitarán al FROB cerca de 550 millones. Mientras, Caja Segovia y Caja Ávila se dejan querer por unos y otros.

Las cuatro grandes del sector (La Caixa, Caja Madrid, Bancaja y Caja Mediterráneo), junto con algunas entidades atractivas por su tamaño y solvencia (como BBK o Ibercaja), observan los movimientos con interés. Pese a algunas presiones para que sondeen operaciones, su intención es esperar a la segunda oleada de integraciones para comenzar a actuar.