La secretaria del liquidador Ángel de Cabo, Susana Mora, accedió a ser administradora única de la empresa que compró Trapsatur, una de las sociedades que pertenecían al expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán antes de que procediera al vacimiento de su patrimonio, al considerar que era "la única vía para conservar su puesto de trabajo".
Así consta en la declaración que Mora realizó el 4 de diciembre de 2012 ante la Dirección General de la Policía, a la que ha tenido acceso Europa Press, después de ser detenida en el marco de la 'operación Crucero', en la que fueron arrestados De Cabo, Díaz Ferrán y otras siete personas por concertar la falsa venta del Grupo Marsans para evitar que el expresidente de la patronal pagara a sus acreedores.
El escrito, que obra en el sumario de la causa que se instruye en la Audiencia Nacional, detalla que Mora, que había sido contratada tres años antes por De Cabo tras contestar a un anuncio de trabajo, accedió al cargo de administradora única de la sociedad Naturaleza y Turismo y se vio obligada a firmar las escrituras de compraventa de Trapsatur sin saber en qué consistía la operación.
La empleada, que estuvo a sueldo de Aszendia, Viajes Marsans y finalmente el Hotel Cervantes de Torremolinos (Málaga) con una nómina de entre 2.500 y 3.000 euros "líquidos", aseguró que nunca ejerció ni tomó decisiones en Naturaleza y Turismo, ya que sus "funciones reales" se limitaban a las de "administrativa" revisando facturas y justificantes de taxis, manutención o alojamiento. "Sólo participaba en las reuniones internas de la empresa, no en las que mantenía con gente del exterior", manifestó. NO QUERÍA PAPELES EN SU EMPRESA
De Cabo, a quien su secreteria atribuye la toma de todas las decisiones del grupo junto a su número 2, Iván Losada, también le obligó a guardar en su domicilio y en el maletero de su coche particular dinero -unos 400.000 euros, según la Policía-, cheques, una copia de seguridad del sistema informático de la empresa y documentación de sociedades del entramado (Fitness S.A. y Plyntari LTD) radicadas en paraísos fiscales como Panamá y Chipre.
"Eran confidenciales y Ángel de Cabo no deseaba que estuvieran en las oficinas de la empresa", explicó Mora a la Policía antes de añadir que su jefe le decía que "el dinero en el banco no estaba seguro y que era mejor" que lo guardara ella.
Entre las funciones que tuvo que realizar para las empresas de De Cabo también se encontraban, según consta en su declaración, acompañar a la mujer de éste, Consuelo Garrido, a una entidad bancaria de Torrent (Valencia) para sacar el contenido de al menos una caja de seguridad que tenía contratada. "Desconoce lo que había en el interior de dicha caja", concluye la declaración.
El juez Eloy Velasco investiga estos hechos tras admitir a trámite una denuncia presentada en febrero de 2012 por el despacho de abogados Ashurst en representación de las mayoristas AC Hoteles, Meliá, Pullmantur y el grupo Orizonia.
