Bye, bye, Industria

La noticia de que en el organigrama del futuro Gobierno del Partido Popular no figura el Ministerio de Industria ha supuesto un jarro de agua fría, no solo para sus funcionarios, sino también para los empresarios de los sectores en los que este departamento es competente (la industria, el turismo, la energía, las telecos y las pymes) y los sindicatos. Para los empresarios, porque consideran que se quedarán sin interlocutor y para los funcionarios, porque aún recuerdan "el calvario" que supuso su desaparición en el último Gobierno de José María Aznar, que acarreó, según la opinión generalizada, más problemas de los que resolvió.

Con el cambio que planea Mariano Rajoy, todas esas funciones se concentrarán en un macroministerio de Economía. Físicamente, el problema sería menor, pues ambos cuentan con dependencias que se comunican entre sí en la madrileña plaza de Cuzco. Pero, tras la experiencia vivida entre 2000 y 2004, la cuestión ahora es analizar si las razones que llevaron entonces a Aznar a desmantelar Industria (el ministerio de las empresas) son las mismas que llevarán a Rajoy a hacer lo propio.

Apelando al liberalismo que rechaza la política industrial del Estado y en un momento que la Unión Europea cercaba y prohibía las ayudas de los Gobiernos nacionales a sus empresas, Aznar decidió eliminar la cartera de Industria. Se dice que la idea se la dio Josep Piqué, ministro de Industria en el primer Gobierno popular, quien sostenía que, con la desaparición de las ayudas públicas, el ministerio, al que calificaba como "una unidad administrativa de pagos", carecía de sentido.

Ministerio en la sombra

Sin embargo, lejos de desaparecer, las ayudas se incrementaron y, bajo el disfraz de los programas de I+D, los distintos sectores, como el automóvil, siguieron recibiendo subvenciones. En muchos casos, a través del ministerio que se creó en su defecto, el de Ciencia y Tecnología, que dirigió en una primera etapa Anna Birulés, y la poderosa Dirección General de Política Tecnológica, que se convirtió en el Ministerio de Industria en la sombra.

Bajo el control de Economía, la industria, el comercio o el turismo fueron relegados a un segundo plano, en un escenario en el que la gran protagonista fue la construcción. Las empresas, incluidas las energéticas, no tienen más que malos recuerdos de una etapa que ahora se quiere resucitar, echando por la borda la rehabilitación del ministerio decidida en 2004 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Dicha resurrección por parte del PSOE se justificó con la idea de aplicar "un nuevo modelo de industria exportadora", que, solo en teoría, sustituiría a la del ladrillo.

La recomposición de la situación provocó graves conflictos entre el ministerio recuperado y el de Ciencia e Innovación, que pelearon duramente por los presupuestos. Una pugna que, en gran parte, ganó Industria.

Ahora, para justificar la integración de las competencias de este ministerio en el de Economía y en vísperas de una nueva recesión, Mariano Rajoy apela a la austeridad para eliminar -dicen- cuatro o cinco carteras. Una medida más estética que efectiva, pues está de sobra demostrado que las fusiones ministeriales no generarán grandes ahorros, pues la plantilla de funcionarios se mantiene. Aunque el PP dice defender el modelo industrial frente a la construcción, la desaparición del ministerio hace difícil creer en estas palabras. Además, según critican fuentes políticas, "una cosa es la austeridad y otra concentrar el poder hasta límites insospechados".

En el caso del turismo y el comercio, existe la excusa de que estas competencias están en su mayor parte transferidas a las comunidades autónomas (de hecho, algunos rumores indican que Rajoy también eliminará el Ministerio de Sanidad por esta razón). Pero la energía, el área que más quebraderos de cabeza ha dado a los últimos ministros, especialmente al actual, Miguel Sebastián, resultan palabras mayores.

El dueño de la tarifa

Detrás de esta decisión se esconde la tentación, no exclusiva de la derecha, que siempre han tenido los ministros económicos de controlar sin interferencias la política energética y la fijación de la tarifa eléctrica, que afecta a 29 millones de clientes.

Todo apunta a que el futuro superministro de Economía, tendrá toda la potestad, igual que en la etapa de Rodrigo Rato, en materia energética. Máxime cuando Mariano Rajoy ya ha advertido que "reformará" (léase, controlará o debilitará) la Comisión Nacional de Energía (CNE).

En su día, Rato y su secretario de Estado de Energía, a la sazón, José Folgado, decidieron ligar las subidas de las tarifas a la evolución del IPC, con lo que instauraron el déficit tarifario de funestas consecuencias. La tarifa se revisaba con un techo del 2% sin tener en cuenta los costes de producción que, en cualquier caso, había que pagar. De esta manera, comenzaron los aplazamientos de una deuda que se ha ido colocando en el mercado con los correspondientes intereses a pagar por los consumidores (en las últimas titulizaciones, del 6%). La farsa se ha prolongado más de una década, avivada por los Gobiernos socialistas, enredados además en políticas de promoción de las renovables que se les ha ido de las manos.

¿Qué hará el PP? Liberalizar, sin contar con un regulador fuerte, es altamente peligroso. No liberalizar y seguir controlando la tarifa para no perder votos quizá lo sea aún más. Le quedaría la opción de jugar al intervencionismo disfrazado de falsa liberalización, en línea con el último Gobierno popular sin Ministerio de Industria. La etapa más oscura para las empresas españolas, incluidas las eléctricas.