Esta es una de las principales novedades incluidas las nuevas reglas comunitarias sobre financiación por parte del Estado de los servicios públicos de televisión que adoptó hoy el Ejecutivo comunitario. Se trata de adaptar las reglas vigentes, que datan del año 2001, al nuevo entorno tecnológico.

"A condición de que el servicio concreto que presenta un elemento de pago satisfaga las necesidades concretas sociales, democráticas y culturales de la sociedad sin dar lugar a efectos desproporcionados en la competencia y el comercio transfronterizo, los Estados miembros pueden encomendar a los organismos públicos de radiodifusión semejante servicio como parte de su misión de servicio público", señaló la Comisión.

Las televisiones públicas podrán también utilizar la financiación del Estado para ofrecer servicios en nuevas plataformas como Internet o televisión por móvil. Eso sí, Bruselas reclama a los Estados miembros que, antes de autorizar estos nuevos servicios, examinen si cumplen los requisitos de satisfacer necesidades de la sociedad limitando al máximo las distorsiones de competencia.

Este examen debe realizarse mediante un procedimiento de evaluación previa basado en una consulta pública abierta en la que participen todos los afectados. Este procedimiento existe o está a punto de introducirse en Reino Unido, Alemania, Irlanda o la región belga de Flandes.

La organización que agrupa a las televisiones públicas europeas, EBU, protestó contra este mecanismo de evaluación y aseguró que existe un "auténtico riesgo" de que la función de servicio público de los medios "se vea amenazada por una regulación indebidamente restrictiva a nivel nacional o de la UE".

En todo caso, las nuevas reglas sobre financiación de servicios públicos de radiodifusión mantienen los "principios básicos" ya vigentes. Es decir, que son los Estados miembros y no Bruselas los responsables de definir las obligaciones de servicio público. Y que debe haber transparencia en las ayudas estatales que reciben las televisiones públicas "para poder verificar que el dinero que reciben corresponde al coste de dar ese servicio y no es una sobrecompensación que pueda utilizarse para subvencionar servicios comerciales", según dijo el portavoz de Competencia, Jonathan Todd.