La cuantía de la multa global y de la penalización diaria, que es la más ala impuesta hasta ahora por el Tribunal de la UE, muestra el empeño de Bruselas por no dejar que ninguna violación a las normas de Competencia quede impune. Ni siquiera las más antiguas o de las que se beneficiaron empresas aparentemente desaparecidas.
La dureza del castigo responde, según la sentencia leída ayer en Luxemburgo, a la duración de la infracción, especialmente censurable, según los jueces, porque los beneficiarios de la ayuda de estado ilegal estaban perfectamente identificados.
El caso data de finales de 1989, cuando la Comisión declaró ilegales las ayudas concedidas a Magefesa, fabricante de menaje de acero inoxidable. Siete años después, las divisiones de la empresa en Andalucía y Cantabria habían devuelto los subsidios. Pero no así la división del País Vasco, que prosiguió su actividad, primero, bajo el nombre de Indosa y su filial CMD (Compañía de Menaje Doméstico), y después como Euskomenaje.
Las autoridades españolas, según el Tribunal, solo intentaron recuperar las ayudas a comienzos de este año, tras la segunda denuncia presentada por la Comisión por incumplimiento de sentencia. Demasiado tarde, según los jueces, por lo que "España no ha dado muestras de la diligencia exigible durante muchos años". Y de ahí la contundente sanción.
Los jueces, sin embargo, han sido más benévolos que Bruselas. El departamento del Comisario Europeo de Competencia, Joaquín Almunia, había solicitado una multa diaria de 14.343 euros a contar desde el 2 de julio de 2002, fecha en que una sentencia europea declaró ilegales las ayudas a Magefesa y ordenó su devolución. Solo ese castigo hubieran supuesto 40 millones de euros. Y Bruselas proponía, además, otra multa diaria de 131.136 euros a contar desde la sentencia de ayer.
La multa de 20 millones es, según el Tribunal, una "medida disuasoria" destinada a evitar "la repetición futura de infracciones análogas del Derecho de la Unión".
El Estado repercutirá la factura al Gobierno del País Vasco
Las ayudas ilegales a Magefesa pendientes de recuperación fueron concedidas por la Comunidad Autónoma Vasca en forma de avales crediticios y subvenciones. La sanción impuesta por el Tribunal de la UE, por tanto, tendrá que ser repercutida por el Gobierno español a esa Comunidad. Durante el juicio en Luxemburgo, el Estado español invocó esa circunstancia para rebajar la multa, aduciendo que el País Vasco solo supone el 6,24% de todo el PIB nacional. Pero los jueces no han tomado en consideración ese argumento y han calculado la sanción en base a la economía nacional.
