La Comisión Europea (CE) amenazó ayer con paralizar por vía judicial la decisión del Gobierno francés de salvar de la quiebra del grupo Alstom. Bruselas inició una investigación en profundidad sobre todo el plan de reestructuración a largo plazo elaborado por París (un crédito a corto plazo de 300 millones de euros y un aval estatal para una línea de crédito de 3.500 millones de euros) y concedió cinco días para adecuar las medias más urgentes (el Estado acudirá con 300 millones de euros a la ampliación de capital de la compañía y financiará un crédito de otros 300 millones) a las normas comunitarias.

De no ser así, Bruselas pedirá al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que dicte con carácter de urgencia una resolución judicial para paralizar un crédito de 300 millones y la ampliación de capital de la compañía cuya subscripción por valor de 600 millones de euros planea cubrir al 50% el Estado francés.

El comisario de Competencia, Mario Monti, logró ayer que el resto del organismo comunitario le habilitara, junto al presidente Romano Prodi, para pedir el próximo 22 la actuación judicial sin necesidad de nuevas votaciones en la Comisión. Hasta entonces, Monti seguirá buscando con las autoridades galas una solución que respete el ordenamiento jurídico comunitario y el francés.

'Tras el intenso diálogo de las últimas semanas, la Comisión ha querido dar una última oportunidad a Francia antes de solicitar el auto judicial', leyó solemne Monti un comunicado tras la decisión. El comisario italiano superó a medias la difícil prueba de obtener el respaldo de todos sus colegas para activar este inusual procedimiento. Monti podrá recurrir al Tribunal pero sólo después de haber negociado hasta el último minuto con Francia una solución compatible con el derecho comunitario.

Bruselas, explicó Monti en una rueda de prensa en la que no se permitió ninguna pregunta, exige que Francia 'se comprometa públicamente a no involucrarse en medias que impliquen la participación del Estado en el capital de Alstom de manera automática e irreversible y sin haber recibido la autorización previa de la Comisión'.

Como en el resto de los últimos conflictos con París (ayudas a France Telecom y Bull, incumplimiento del Pacto de Estabilidad), Bruselas reprocha al Gobierno francés, sobre todo, su actitud arrogante en la violación de las normas comunitarias y la inveterada costumbre, más que nada por parte del ministro francés de Economía, Francis Mer, de presentar sus transgresiones como hechos consumados. En el caso Alstom, París se comprometió a participar con el sector privado en el plan de rescate sin esperar el visto bueno de la Comisión Europea.