Cuatro direcciones generales de la Comisión Europea (las de Competencia, Energía, Telecomunicaciones y Economía y Finanzas), remitieron el jueves una carta al Gobierno de España en el que le expresan su gran preocupación por el proyecto de fusión de los órganos reguladores sectoriales de la energía (CNE) y las telecos (CMT) con la autoridad de la Competencia (CNC). En la misiva, Bruselas cuestiona que el órgano resultante de esta fusión (la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, o CNMC) pueda tener la suficiente autonomía como para poder ejercer un control efectivo sobre dichos sectores y garantizar la libre competencia. En parte, por falta de recursos económicos.
Es la primera vez que la Comisión Europea se muestra tan explícitamente crítica contra de la fusión de estos reguladores (y otros de nueva creación como el del sector postal, el aeroportuario y el ferroviario) con Competencia. Si bien, en las citadas cartas, a cuyo contenido a tenido acceso CincoDías, se limita a advertir de varias cuestiones que podrían ir en contra de la normativa comunitaria, que persigue la independencia de este tipo de organismos.
De esta manera, sin oponerse en sí a la integración (un modelo que no sería ilegal) pone en cuestión cuatro puntos que considera críticos: el sistema de nombramientos de los directores generales por parte del Gobierno (además de un consejo de administración, la CNMC tendría un director por cada área sectorial integrada);_el estatuto orgánico y la potestad de autoorganización; el trasvase de funciones reguladoras al Gobierno (por ejemplo, la llamada función 14 de la CNE para autorizar ciertas operaciones corporativas pasaría al Ministerio de Industria) y el nuevo sistema de financiación.
La CNMC se financiará vía Presupuestos del Estado en más de un 70% y, el resto, con tasas. Bruselas considera que solo si se autofinancia (a través de tasas como hasta ahora) podrá actuar realmente con independencia. De hecho, aunque en el programa de reformas de España el Gobierno justifica la fusión por razones de ahorro, este no ha sido capaz de cuantificar ante Bruselas cuáles serán los ahorros, según aseguran fuentes comunitarias.
La Comisión de la Energía se financia con una tasa en la tarifa de acceso y la CMT con otra que pagan las operadoras, por tanto, la medida no solo no supondrá un ahorro para el Estado sino un coste añadido.
Amenaza de expediente
Las cartas de las cuatro direcciones generales antes citadas han sido remitidas a Presidencia del Gobierno, el Ministerio de Economía y el de Industria, y es fruto de las presiones que han ejercidos los reguladores sectoriales europeos y también algunos grupos empresariales.
Aunque se considera una medida preventiva (las misivas analizan la situación desde un punto de vista jurídico), fuentes comunitarias no descartan que sean la base para "la apertura de un expediente al Reino de España en el futuro", que supondría "el bloqueo de la fusión".
Las competentes para ello, serían las direcciones generales de Energía y telecomunicaciones, los sectores que más preocupan a Bruselas.
El trámite parlamentario termina en enero
El proyecto de ley por el que se crea la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC), que supone la fusión de los reguladores sectoriales y la autoridad de la Competencia avanza en su trámite parlamentario. El próximo 11 de diciembre se termina el plazo de enmiendas a la totalidad y, tras el debate de la totalidad, que está previsto para el día 20, se podrán presentar las enmiendas parciales, cuyo plazo termina el 30 de diciembre. Ya el 22 de enero se debatirá en Comisión. Tras su entrada en vigor, se calcula que el nuevo organismo no comenzará a estar operativo hasta mediados de año.
El proyecto hizo saltar las alarmas desde el primer momento en Bruselas, pero hasta ahora la Comisión Europea había mantenido un perfil bajo. En parte, porque el Gobierno español justificó la fusión de los reguladores como una medida de austeridad para cumplir con los objetivos presupuestarios marcados por la UE. España, sin embargo, no ha logrado, por ahora, presentar datos fehacientes sobre el supuesto ahorro.
La principal inquietud comunitaria, sin embargo, no procede del departamento de Economía sino de los de Telecomunicaciones (ahora llamado Connect) y del Energía, que verán diluirse los dos reguladores nacionales de sus áreas respectivas. Fuentes comunitarias subrayan que esos dos departamentos disponen de base legal para expedientar a España si la reforma legal de la reforma no satisface los requisitos marcados por las directivas de liberalización del sector eléctrico y del de las telecomunicaciones. En ambos se exige un regulador independiente y con verdadera capacidad de maniobra. Si ese fuera el caso, la comisaria de Agenda Digital, Neelie Kroes, o el de Energía, Günter Oettinger, podrían denunciar la reforma ante el Tribunal de la UE.
