Pese a sus ventajas para algunos sectores desfavorecidos, el bono social tiene un 5,3% menos de beneficiarios a cierre de 2012, cuando apenas se realizaron campañas de información sobre la medida, y seguirá descendiendo en 2013 hasta cerca de 2,4 millones, esto es, otro 5,7% adicional, según las previsiones del regulador.
La mayor parte de los domicilios registrados, 2,1 millones, corresponden a viviendas con menos de 3 kilovatios (kW), un 0,4% más que en 2011, mientras que los hogares con todos los miembros en paro ascienden a 31.532, un 4,6% más, frente a los 133.952 hogares con familias numerosas, un 15% más, y los 287.367 con pensionistas, un 11% menos.
Los beneficiarios inscritos en la actualidad apenas equivalen al 10,2% del total de usuarios y al 6,3% de la electricidad consumida en los hogares con tarifa regulada, lo que supone niveles comparables a los usuarios registrados al arrancar la medida, a mediados de 2009. En marzo de 2010 el bono llegó a beneficiar al 12% de los consumidores con tarifa.
El descenso registrado desde comienzos de 2010 se produce a pesar de que, desde esa misma fecha, el número de familias numerosas y parados con bono social ha aumentado un 60%. No obstante, los hogares con potencias inferiores a 3 kilovatios (kW), que son los de mayor peso dentro de los perceptores de la ayuda, han descendido un 18%, frente al incremento en el 8,7% en el resto de colectivos protegidos.
Los consumidores con derecho al bono social son las familias numerosas, los hogares con todos los miembros en paro, los perceptores de pensiones mínimas para personas de más de 60 años y los hogares con menos de 3 kW de potencia que se usen como vivienda habitual.
Salvo en algunos casos del último grupo, es necesario solicitar el bono social a la compañía eléctrica, y también se debe informar cuando se haya dejado de cumplir con los requisitos para percibirlo si no se quiere sufrir una penalización.
Problema de financiación
Desde su puesta en marcha, las cinco grandes eléctricas se han encargado de financiar el bono social, pero en febrero de 2012 el Tribunal Supremo les dio la razón y consideró discriminatorio que fuesen exclusivamente ellas las que tuviesen que costear la medida.
De esta forma, como recuerda la CNE, el bono social está pendiente de que el Ministerio de Industria fije el nuevo mecanismo para su financiación. Mientras, la tarifa eléctrica debe asumir su coste, de 161 millones en 2012, y deberá también afrontar el coste de restituir a las eléctricas las cantidades abonadas hasta la fecha.
Como parte de estas cantidades que se deben devolver a las eléctricas figura el coste del bono social de 2011, que ascendió a un total de 178 millones de euros, según los cálculos del organismo presidido por Albeto Lafuente.
