Los bonistas piden aclarar el estado de salud de Ruiz-Mateos

El despacho Martínez-Echevarría, que representa a más de 200 inversores en pagarés emitidos por Nueva Rumasa, ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 5 de Madrid que en el caso de que José María Ruiz-Mateos alegue enfermedad y no acuda a declarar como imputado el próximo día 18, un médico compruebe su estado de salud.

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz citó el pasado día 18 a declarar como imputados, entre el 18 y el 19 de octubre, a José María Ruiz-Mateos, su esposa, sus seis hijos varones y un sobrino por presuntos delitos de estafa, insolvencia punible y administración desleal en las empresas de Nueva Rumasa. El juez Pablo Ruz decidió investigar a la familia tras la querella presentada por Martínez-Echevarría en nombre inicialmente de 63 particulares que invirtieron en pagarés emitidos por empresas del grupo.

"Uno de los imputados, patriarca de la familia, José María Ruiz-Mateos y Jiménez de Tejada", dice la representación legal de los inversores en su solicitud al juzgado, "ha venido aportando excusas para no ir a las primeras declaraciones de los diferentes procedimientos criminales en los que ha sido imputado, alegando enfermedad".

En opinión del despacho, "es evidente" que dicha alegación es una excusa para no acudir al juzgado, por lo que "en previsión de que esto sucederá también en el presente caso y para el día que sea citado" solicita que el médico forense asignado en el juzgado se traslade al domicilio de Ruiz-Mateos para que se compruebe la realidad de lo que aleguen. "Resulta notorio para la opinión pública (...) que con ello solo se pretende un fraude a la justicia" añade.

La administración concursal de Carcesa (Apis y Fruco) y Nueva Rumasa ultima las negociaciones para firmar un acuerdo sobre la venta de la empresa a las cooperativas que actualmente la explotan en régimen de alquiler con opción a compra, informó ayer Europa Press.

Cooperativas

Las cooperativas Acopaex y Tomates del Guadiana, que entraron a gestionar Carcesa la pasada primavera con el apoyo de la empresa pública Extremadura Avante, tenían hasta el 1 de octubre para decidir si ejecutaban su opción de compra, pero el plazo se ha prorrogado.

Carcesa se encuentra en concurso de acreedores desde finales de marzo y, según la administración concursal, presenta un desfase patrimonial de cerca de 68 millones de euros, al tener un pasivo de aproximadamente 245 millones frente a activos valorados en unos 178 millones.