Delphi no cierra'. En negrita y bien señalado en su comunicado, la empresa quería dejar claro este punto al anunciar que había solicitado la suspensión de pagos en EE UU. La protección judicial solo afecta a las operaciones en este país y no a las del extranjero.

'Nuestro plan de reorganización bajo la suspensión de pagos está bien financiado, bien planeado y bien organizado', decía la nota de una compañía dirigida por alguien que como Miller ya ha instado dos suspensiones de pagos en otras dos empresas. De acuerdo con la sociedad, esta situación judicial se va a utilizar para 'resolver los problemas heredados de Delphi que resulta en una alta estructura de costes en EE UU'.

El objetivo de Miller es rebajar los costes laborales de una plantilla que tiene un sueldo medio por trabajador de 27 dólares la hora. Delphi quiere que esta cantidad se quede en 10 dólares (el salario mínimo es 5,15 dólares) y reducir las pensiones y los elevados gastos médicos de los que se hace cargo la empresa a falta de una sanidad pública en EE UU. En diciembre pedirá al juez que le permita retirar los seguros médicos y de vida de los 12.000 pensionistas representados por el sindicato. El sábado se especulaba con que el Gobierno tuviera que asumir la responsabilidad del fondo de pensiones de la empresa al que se le calcula un déficit de 11.000 millones de dólares.

Se calcula que los recortes de empleo puedan afectar hasta un 30% de la plantilla y desde la empresa se informó que los planes pasan además por vender o cerrar una parte sustancial de las operaciones.

La medida judicial, con la que ya contaban los mercados, entra en el ranking de quiebras como la 13 mayor de EE UU, por valor de los activos (17.100 millones de dólares), pero la segunda mayor del año después de la de Delta. El pasivo es de 22.200 millones de dólares. La compañía dice que ha conseguido financiación por valor de 4.500 millones por parte de JP Morgan y Citigroup para seguir adelante.

Delphi se había dado hasta el 17 de octubre para acogerse a la protección judicial ante los acreedores en caso de no llegar a un acuerdo con General Motors, su antigua matriz y principal cliente, para que le ayudara financieramente. Le pedían 6.000 millones de dólares. También pedía flexibilidad a los sindicatos. A lo largo de la semana se dio la señal de que los pactos estaban muy lejos.

La situación de la empresa, cuyas ventas a GM supusieron casi la mitad de una facturación de 28.600 millones en 2004, es consecuencia del mal momento por el que pasa la industria de Detroit con bajas ventas y elevados costes que le restan competitividad frente a la más recientemente asentada industria asiática y europea.