En este litigio, el grupo minero reclama daños y perjuicios a la sociedad estatal española por 200 millones de dólares (150 millones de euros), entre los que se incluyen el lucro cesante, las inversiones acometidas, 5 millones por adquisición de información y gastos relacionados con los estudios de viabilidad. A esta cantidad se añadirían los intereses devengados hasta la fecha de pago.
La denuncia ha sido presentada ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara Internacional de Comercio, con sede en París, y en ella se arremete contra la negativa de Enusa de crear una sociedad conjunta para el desarrollo del proyecto, lo que supondría una vulneración del acuerdo de colaboración suscrito en enero de 2009.
En concreto, Enusa ha rechazado "injustificadamente en varias ocasiones" el cumplimiento de sus "obligaciones contractuales" de constituir la 'joint venture' Newco, en la que Berkeley dispondría de un 90% y Enusa, del 10% restante. La sociedad debería haberse creado antes del 29 de febrero pasado.
Berkeley dice haber cumplido con todas sus obligaciones y haber facilitado a Enusa numerosas vías para alcanzar una solucion satisfactoria que evitase el arbitraje, entre ellas la de ampliar los plazos para la formación de la sociedad y ofrecer alternativas "viables" para el desarrollo del proyecto. Berkeley considera que tiene un "caso robusto" frente a Enusa y sustenta su posición en varios factores, entre ellos el de que toda la documentacion tanto técnica como financiera entregada a la empresa española, incluido el estudio de viabilidad y el estudio de ingeniería básica conceptual, ha sido auditada por "prestigiosas firmas especialistas".
Berkeley informa además de que la puesta en marcha del proyecto implicaría la creación de 600 empleos durante la fase de construcción y entre 250 y 300 empleos durante la fase de operación.
Además, asegura que la puesta en explotación del proyecto no implicaría coste adicional para Enusa, ya que el 100% de la inversión sería pagado por Berkeley, aunque Enusa y el Estado español percibirían, considerando el 10% de dividendos, canon de producción y los correspondientes impuestos, más de 154 millones de euros, según el caso base.
La empresa australiana también asegura que la inversión del proyecto, gran parte de la cual repercutiría sobre la provincia de Salamanca, rondaría los 958 millones de euros, repartidos entre inversiones de capital en activos (257 millones), restauración y clausura (56 millones de euros) y costes de operación (644 millones de euros).
Berkeley ha remitido una carta a Enusa en la que le asegura que su máximo interés es desarrollar el proyecto, por lo que siempre estará dispuesta a colaborar para alcanzar una solución amistosa con independencia del procedimiento arbitral en curso.
"Los retrasos en la puesta en marcha del proyecto han sido frustrantes y no pueden continuar indefinidamente. El arbitraje no es la mejor solución para Berkeley ni para la comarca de Ciudad Rodrigo, pero nos hemos visto obligados a iniciarlo como medio de defender nuestros intereses y los de nuestros accionistas", afirmó el consejero delegado de la empresa, Brendan James.
Al margen de este arbitraje internacional, Berkeley va a continuar centrado en el desarrollo y la puesta en marcha de los yacimientos de Retortillo y Santidad, que forman la primera fase del denominado proyecto Salamanca I, 100% propiedad de Berkeley.
