Algunas entidades de gestión de derechos de autor denuncian a CincoDías que el Gobierno aún no les ha pagado nada del canon digital correspondiente a 2012, pese a que ya ha transcurrido casi medio año. "A día de hoy no hay una partida fijada en los presupuestos del Estado destinada a tal fin, así que España está, fuera de la directiva europea porque la legislación comunitaria obliga a que haya una compensación equitativa a los propietarios de las obras por copia privada", dicen.
Estas organizaciones, entre las que se encuentran la Sociedad General de Autores (SGAE) y Egeda, temen que con la actual austeridad presupuestaria derivada de la crisis y del déficit público español, la decisión del Gobierno de Rajoy de sustituir por real decreto ley el modelo anterior del canon digital (que debían abonar las empresas tecnológicas) por otro, que implica la compensación de los derechos de propiedad intelectual a cargo de los presupuestos del Estado, va a tener un gran riesgo jurídico. "Nos tememos que al final la partida se va a establecer a criterio de Hacienda, cuando la cantidad a abonar debe fijarse, según el real decreto ley, en función de los derechos dañados, no de una limitación presupuestaria", critican.
Con todo, las entidades de gestión insisten en que el canon digital trata de compensar un daño, que en 2011 se fijó en 115 millones de euros, y reclaman que siga teniendo el carácter privado que tenía hasta el pasado diciembre. "Ahora se le ha dado un carácter público que solo beneficia a un sector, al tecnológico, porque los usuarios siguen pagando el canon a través de sus impuestos".
Las fuentes consultadas de las entidades de gestión, que prefieren mantener su anonimato, aseguran que el modelo actual "es mucho más indiscriminado que el que había". Y ello pese a que el Tribunal de Luxemburgo y la Audiencia de Barcelona concluyeron que en España se estaba aplicando el canon de forma indiscriminada y eximieron en 2010 a las empresas de pagarlo. "Eso es así, y nosotros pedimos al Gobierno que arbitrara un sistema por el que las personas jurídicas pudieran pedir el reembolso del canon a las empresas tecnológicas (un sistema similar al italiano o al que está apuntando ahora Francia). En cambio, la solución ha sido establecer una fórmula menos equitativa aún, porque ahora pagan el canon todos los españoles, incluso los que no compran equipos tecnológicos, a través de sus impuestos".
Desde las entidades de gestión se insiste en que no es al Estado al que le toca resarcir la copia privada, y critican que España es el único país de la Unión Europea que ha optado por este modelo. "Solo Noruega lo tiene, pero no está en la UE. Así que el caso español va a provocar una gran distorsión en el mercado europeo, pues puede haber empresas españolas que quieran vender productos tecnológicos en otros países comunitarios y cuando les reclamen en ellos el pago del canon digital argumentarán que ya lo está pagando el Estado español".
Las mismas fuentes recuerdan, además, que Bruselas está tratando de armonizar la aplicación y cálculo del canon digital y adaptar la legislación sobre derecho de autor a la era de internet, así que la prudencia, dicen, hubiera exigido esperar y ver qué dice la Comisión al respecto. "Se ha nombrado a un mediador, el ex comisario de Justicia Antonio Vitorino, que será el encargado de negociar entre las entidades de gestión y los representantes de las industrias culturales y tecnológicas, y en septiembre ya tendremos algunas recomendaciones", señalan. Las citadas fuentes no entienden, dicen, cómo el PP puede estar defendiendo la creación de impuestos públicos, "en contra de su política", y aseguran que compensar la copia privada con cargo a los presupuestos públicos ha sido "una auténtica metedura de pata".
Cuatrecasas quiere impulsar una reclamación patrimonial al Estado
Fuentes de las entidades de gestión aseguran a este periódico que la nueva fórmula elegida por el Gobierno de Rajoy "está generando cierta picaresca". Así, explican que algunas empresas de distribución en España están intentando no liquidar el canon digital correspondiente a los equipos adquiridos en el cuarto trimestre de 2011 (cuando aún estaba vigente la norma anterior) y que aún no han vendido al usuario final, y que por tanto tienen en stock. Este periódico ha tenido acceso a una carta enviada por El Corte Inglés a sus proveedores donde reclama precisamente esto.
Sin embargo, en otra carta del Ministerio de Cultura dirigida a Egeda sobre este asunto, este confirma y aclara la obligación de los deudores de la compensación de presentar "la declaración-liquidación prevista en el artículo 25.13 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual respecto de todos los equipos, aparatos y soportes (...) que hayan sido fabricados, importados o distribuidos en el mercado español hasta el 31 de diciembre de 2011 inclusive".
Y añade: "Es preciso aclarar que la declaración-liquidación correspondiente al cuarto trimestre de 2011 debe hacerse con referencia a las obligaciones contraídas a fecha 31 de diciembre de 2011, sin que puedan incluirse en ella deducciones no contempladas en el artículo 25.13 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual".
Aun así, desde el despacho Cuatrecasas se prepara una reclamación patrimonial al Estado por parte de potenciales clientes interesados en ello. "Estamos diseñando este producto para que las compañías afectadas por el canon digital puedan hacer tal reclamación al Ministerio de Cultura", explica Blas Alberto González, director del área de Propiedad Intelectual de Madrid de Cuatrecasas. "Estamos planteando sin compromiso la propuesta a grandes fabricantes y distribuidores en España", añade.
Según González, uno de los magistrados que presentó al Tribunal de Luxemburgo el caso Padawán contra el canon digital, que se saldó con una sentencia que eximió a las empresas de pagar el canon digital, "lo que estamos proponiendo a las compañías afectadas es que hagan esa reclamación patrimonial contra el Estado porque la legislación anteriormente no se ajustaba a la directiva. Precisamente, por ello, el tipo de empresas citado puede plantear la reclamación, porque la legislación antigua no permitía diferenciar entre quien debía y quién no pagar canon".
En este sentido, el director de Cuatrecasas aclara que lo que ha hecho El Corte Inglés al movilizarse con la carta antes revelada "es tratar de proteger sus intereses, una vez el Gobierno ha reconocido que el canon digital no era correcto como herramienta de cálculo".
Una solución que no contenta a nadie
La solución del Gobierno del PP no contenta a nadie. Tampoco a la Asociación de Internautas (AI). Su presidente, Víctor Domingo, asegura que ellos también se oponen a que el canon corra a cargo de los presupuestos generales del Estado. "Es igual de indiscriminado que el modelo anterior, que también cayó por indiscriminado". En su opinión, la nueva fórmula institucionaliza lo que decretó nulo el Tribunal Europeo y la Audiencia Nacional, y asegura que el canon deberá pagarlo "quien haga uso del derecho de copia privada, si no se encuentran otras soluciones". Domingo advierte que se movilizarán en contra del Gobierno si finalmente establece una partida presupuestaria para ello. "¿Cómo podrá justificarlo con la que está cayendo?", se pregunta.
Domingo, no obstante, cree que las entidades de gestión, más allá de preocuparse por cobrar la compensación por copia privada de 2012, "deberían estudiar cómo van a devolver lo que han cobrado indebidamente estos años atrás. A muchas empresas y ayuntamientos les vendría muy bien con la crisis recuperar lo que pagaron cuando no debían hacerlo. Hay ayuntamientos que desembolsaron 60.000 y 70.000 euros", recuerda.
