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Hasta ahora se sabía que Galileo había sido un fracaso desde el punto de vista organizativo y presupuestario. Pero faltaba por concretar qué había fallado exactamente en un programa que ya ha absorbido más de 2.000 millones de euros de dinero público europeo y que, frente a un presupuesto inicial de 3.330 millones (sólo 1.800 de dinero público) puede acabar costando al contribuyente más de 5.500 millones de euros.

Pues a juzgar por el Informe presentado ayer por el Tribunal de Cuentas de la UE falló casi todo. Pero, sobre todo, Bruselas.

Los preparativos para aunar capital público y privado en el sistema de navegación por satélites "fueron inadecuados". La negociación de esa asociación, que encabezaron la Comisión Europea y la Agencia Espacial Europea, "irreal". La supervisión pública del desarrollo tecnológico del proyecto, "imprecisa". El presupuesto presentado por la Comisión en el año 2000, "incompleto".

Y así una larga retahíla de críticas a todos los organismos involucrados, pero con un triste papel protagonista para la Comisión Europea. Los auditores comunitarios señalan que esa institución "no dirigió el programa de forma pro activa, por lo que adoleció de falta de liderazgo".

Pero el organismo presidido por Romano Prodi hasta 2004 y por José Manuel Barroso desde entonces no sólo se dejó arrastrar por un proyecto que se le iba de las manos, sino que, según el Tribunal, también llegó a ocultar la peligrosa deriva de Galileo. En octubre de 2004, por ejemplo, la Comisión aseguraba por escrito que ya se había "llevado a cabo el proceso de selección del concesionario" para la fase de validación y desarrollo del sistema de satélites. En realidad, recuerda el Tribunal, la selección no concluyó hasta diciembre de 2005... después de que los dos consorcios candidatos fusionaran sus ofertas.

El resultado fue que a finales de 2008, año previsto para comenzar a explotar comercialmente la señal de los 30 satélites de Galileo, "no se había lanzado ningún satélite operativo", según el Tribunal, "y las estimaciones de costes para la fase desarrollo y validación se habían prácticamente doblado, pasando de 1.100 millones a 2.100 millones". El proyecto acumula, además, "un retraso de cinco años en materia de desarrollo tecnológico".

Entre los graves errores cometidos por la Comisión, el Informe subraya el hecho de que ese organismo no aplicara casi ninguna de las buenas prácticas utilizadas a nivel nacional para la gestión de asociaciones de capital público y privado. Bruselas, por ejemplo, optó por esa asociación sin plantearse otras alternativas; redactó unos términos para la concesión que se basaban en "afirmaciones y no en un razonamiento específico"; y "no evaluó con precisión" los riesgos que se cernían sobre un calendario artificialmente "ambicioso".