Las auditoras españolas podrán tener socios de la UE en su capital
Regirse por una ley de auditoría con más de dos décadas -la actual es de 1988- supone que hasta el momento no se reconociera la posibilidad de que las sociedades de auditoría en España pudieran estar controladas por otras firmas auditoras de la UE. La futura norma ya contempla esta opción, que podría reforzar el mercado.
La actual ley de auditoría de cuentas no especifica la posibilidad de que una firma auditora pueda tener entre sus socios a otras empresas de auditoría de cualquier otro estado miembro de la Unión Europea, pero el texto del anteproyecto de lo que será la futura norma que regule el sector ya incluye esta posibilidad que sí recogió la directiva comunitaria publicada en 2006 y que ahora se transpone.
Se trata de un cambio con muchas implicaciones futuras como asegura el socio de Risk Management de KPMG, César Ferrer. "Esta modificación, que se deriva directamente de la directiva comunitaria, abre el camino hacia la integración, al menos europea, de las firmas de auditoría que consideren que la mejor manera de afrontar los retos del sector es superando el concepto de red y yendo a una mayor integración como una sociedad normal", asegura el auditor.
César Ferrer pone como ejemplo de las posibilidades que abre la nueva legislación el proceso de integración que ha comenzado KPMG España en torno a KPMG Europe. "En el caso de España, KPMG Auditores se integraría en KPMG Europe LLP una vez se apruebe la modificación de la ley de auditoría", explica el socio de esta firma, que forma parte de una de las llamadas big four. Como el resto de grandes auditoras, KPMG aborda un proceso de internacionalización para abandonar el antiguo modelo más parecido a un sistema de franquicia.
Otra de las modificaciones de la futura ley de auditoría será la exigencia de que la mayoría de los derechos de voto (ya no del capital social) y de los miembros del órgano de administración o gestión (no de directores) sean sociedades de auditoría o personas físicas que cumplan los requisitos para estar autorizados como auditores de cuentas o sociedades de auditoría de cualquier estado de la Unión Europea.
Preocupación en Bruselas
La promulgación de la nueva ley de auditoría en España supondrá el cumplimiento de la obligación de transponer la directiva europea de 2006. Eso sí, el plazo para haberlo hecho concluyó en junio de 2008, por lo que el pasado mes de junio el Ejecutivo comunitario llevó a España -también a Austria, Irlanda e Italia- ante el Tribunal de Justicia de la UE por haber superado con creces el plazo para la adaptación.
Pero el cumplimiento de todos los estados miembros con la transposición de la directiva no acabará con los problemas que la CE ha detectado en el sector. Bruselas estudia nuevas fórmulas que incentiven la creación de un mercado de auditoría más competitivo en el que a las cuatro grandes firmas (PwC, KPMG, Deloitte y Ernst & Young) se unan algunas más de las medianas, conocidas como mid-tier. Antes de adoptar medidas ha querido recabar las opiniones de los principales interesados del mercado de auditoría y a mediados del mes pasado publicó los resultados.
El 90% de los participantes en el estudio creen que la CE debe esforzarse por reducir todas las barreras a la entrada de nuevas firmas y apostar por la creación de sociedades de auditoría más integradas, ya que incluso llegan a cuestionar la eficiencia de los servicios prestados por las redes con lazos más débiles más similares a franquicias.
Un sistema de supervisión reforzado
Además de modernizar la norma, de limitar -tal como han venido pidiendo insistentemente los profesionales- la responsabilidad al daño que un auditor pueda haber causado y no responder por terceros, o de reforzar los requisitos de independencia, la nueva ley fortalecerá el sistema público de supervisión de las sociedades de auditoría.La norma establece que el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) asumirá en exclusiva las competencias de control de calidad de las firmas. La supervisión incluirá la inspección y revisión periódica de los auditores de cuentas y las sociedades de auditoría, la evaluación de los sistemas internos de control de calidad y la formulación de requerimientos de mejora.La reforma prevé asimismo que el ICAC pueda acordar con terceros (incluidas las tres corporaciones de auditores) que puedan ejercer las tareas relacionadas con la ejecución del control de calidad, aunque siempre bajo la supervisión del Instituto, dependiente del Ministerio de Economía.Otra de las novedades que contiene el anteproyecto de la futura ley es la mayor atención sobre los requisitos para acceder a la profesión. En concreto, el texto establece que la formación necesaria para ser auditor se extenderá por un periodo mínimo de tres años en trabajos realizados en el ámbito financiero y contable "y se referirá especialmente a cuentas anuales, cuentas consolidadas o estados financieros análogos", según reza el anteproyecto, que exige además que dos años de esa formación práctica se realicen con un auditor individual o en una sociedad de auditoría.