La Audiencia Nacional, en sentencia dictada con fecha 19 de febrero y dada a conocer recientemente, ha establecido multas de 450.759 euros para Iberia, 270.455 euros para Aviaco, y 60.101 euros para Air Europa y Spanair por suscribir en 1997 unos acuerdos interlíneas que se consideran contrarios a la competencia. Estos acuerdos fueron denunciados por la Dirección General de Transportes del Gobierno de Canarias, que dirige Francisco Zumaquero, ante el Servicio de Defensa de la Competencia.

Este tribunal desestimó la denuncia, por lo que la Administración regional decidió pasar a la vía judicial, fruto de la cual se da esta resolución.

La Audiencia Nacional, además, obliga al Tribunal de la Competencia a anular parcialmente su resolución a favor de las aerolíneas, debiéndoles imponer a las mismas 'las sanciones que resulten procedentes' amén de la ya dictada por la Audiencia, pues concluye que 'hubo un acuerdo entre compañías para realizar la subida de precios' con 'un pacto tendente a unificar tarifas'.

Fuentes de Iberia ha asegurado que conocen la sentencia desde hace algunas semanas y que ya la han recurrido. El resto de las empresas prefirieron no comentar la información.

Modificaciones

Junto a las sanciones económicas, la sentencia de la Audiencia Nacional ordena a todas las compañías a modificar en un mes los cinco acuerdos interlíneas introduciendo un mecanismo de compensación de las posibles variaciones de precio y una cláusula que garantice plena libertad en la adopción de tarifas.

Además, obliga al Servicio de Defensa de la Competencia a que vigile el funcionamiento del mercado aéreo regular nacional de pasajeros, y en particular a la aplicación de los acuerdos que suscriben las aerolíneas.

Respecto a los otros dos cargos que contemplaba el recurso, esto es, abuso de posición de dominio colectiva en cuatro mercados diferentes de transporte aéreo nacional y la práctica concertada al incrementar coordinadamente tarifas no interlineales, la sentencia acepta, en aplicación de la presunción de inocencia, las alegaciones presentadas por las aerolíneas.

El consejero de Transportes del Gobierno canario, Juan Carlos Becerra, afirmó ayer que la sentencia revela la indefensión de Canarias frente a al Estado, que dio la 'callada por respuesta' ante las demandas del Gobierno insular sobre la actitud contra la competencia de las líneas aéreas que ahora han sido condenadas.