En el auto el juez nombra como administradores concursales al economista Armando Belmar; a la abogada Antonia Magdaleno y al acreedor Aifos Arquitectura y Promociones.

El juzgado decretó además la intervención de las facultades de la administración de la empresa, cuyo ejercicio ordinario quedará así sometido a la autorización o conformidad de los administradores concursales.

Una vez que la declaración del concurso se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE), los acreedores de la compañía contarán con un mes para comunicar al juez el importe que la empresa les adeuda.

Según los datos de la propia empresa, más del 90% de sus acreedores son bancos y en ningún caso mantiene deudas con "subcontratistas, proveedores e industriales", ya que "ese tipo de deuda se gestionó previamente y se logró pagar".

La compañía, presidida por Juan Armiñana, precisó en el momento en que solicitó el concurso (el pasado 19 de diciembre) que sus clientes no se verán afectados por el concurso dado que sus promociones están acabadas.

No obstante, el juzgado ha acordado que se comunique la incoación del proceso concursal al Fondo de Garantía Salarial y a los registros de la propiedad correspondientes a los términos municipales en los que la empresa, según la información que ella misma ha aportado, tiene promociones, en concreto Alzira, Picassent, Pobla de Vallbona, Torrent, Catarroja, Xàbia, Valencia, Vila-real y Sueca.

De su lado, la administración concursal contará con un plazo de dos meses a contar desde la aceptación de dos de los tres profesionales designados para elaborar un informe en el que realicen una revisión del activo de la empresa, del pasivo y de sus acreedores, entre otras cuestiones.

Posteriormente, el informe confeccionado por los administradores concursales se trasladará a los acreedores y se abrirá el periodo de alegaciones, punto en el que acaba la denominada 'fase común' del proceso concursal y empezará la 'fase de liquidación' o 'de convenio' con los acreedores.