Declárese de interés público nacional y como objetivo prioritario de la República Argentina el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos, así como su explotación, industrialización, transporte y comercialización". Con estas palabras, transmitidas en directo desde la Casa Rosada a través de una televisión pública y en medio de un público enardecido, comenzó la presidenta del país andino el discurso con el que anunciaba la consumación de su larga amenaza de confiscar a Repsol su filial YPF, por la que pagó en 1999 más de 13.000 millones de euros y en la que ha invertido en esta década larga 20.000 millones de dólares.
Se trata, por tanto, de la mayor expropiación de una compañía en el mundo, sorprendentemente perpetrada por un país integrante del selecto G-20. Fuentes jurídicas la tildan de confiscación, pues el precio lo fijará el Tribunal de Tasaciones del la Nación, cuando, en el caso de una nacionalización, y según la propia Ley de Privatización de YPF fija su tasación según unos parámetros, que arrojan en estos momentos un valor de 18.000 millones de dólares (13.600 millones de euros).
Tras su participación este fin de semana en la Cumbre de las Américas (Colombia), a la que evitó acudir con la nacionalización de YPF por delante, Kirchner remitió ayer al Parlamento el proyecto de ley de expropiación de un 51% del capital de la filial de Repsol. Sin embargo, frente a las versiones filtradas la semana pasada, en las que se aludía a que la nacionalización se repartiría entre Repsol (un 25% sobre el 57% que tiene) y a el grupo local Petersen (de la familia Eskenazi, que tiene algo más del 25%), finalmente, todo el paquete nacionalizado es de Repsol.
Otra novedad es que, del 51% confiscado, un 49% (el 24,99% del total) se otorgarán a las provincias productoras de hidrocarburos, cinco de las cuales (Chubut, Neuquén, Mendoza y Santa Cruz) han rescindido en las últimas semanas las licencias de explotación de diversos campos, cuyos contratos aún no habían cumplido. En su discurso, Kirchner apeló a la creación de empleo; a la "equidad social"; el aumento de la competitividad y al crecimiento sostenible de las provincias para justificar lo que llamó "recuperación de la soberanía hidrocarburífera". "Somos el único país de Latinoamérica, por no decir del mundo, que no maneja sus recursos naturales", añadió. Para dicha recuperación, el Gobierno de Kirchner "arbitrará las medidas conducentes al cumplimiento de estos fines" con "el concurso de las provincias y del capital nacional e internacional".
Hace más de un año, Repsol colocó en Wall Street un 18% del capital de su filial argentina en forma de ADR, por el que inversores internacionales pagaron 4.000 millones de dólares. Tras conocerse la noticia, la cotización de YPF fue suspendida tras derrumbarse un 11%. Pese a la grave decisión, Kirchner llamó a la calma a las empresas extranjeras que tienen negocios el país, en alusión a las empresas de automóviles.
La nacionalización se formalizará en un pacto sindicado de acciones entre el Estado y las provincias por 50 años y, según la mandataria, YPF se mantendrá como sociedad anónima y "con una gestión profesionalizada". Ayer mismo, ordenó la intervención de la petrolera colocando al frente de la misma al ministro de Planificación Federal, Julio de Vido y al viceministro de Economía, Axel Kicillof. En el consejo habrá una representación proporcional al capital expropiado, y un puesto para los representantes de los trabajadores.
Fuentes de la compañía aseguran que los nuevos gestores acudieron a la sede de YPF en Buenos Aires con una lista de directivos españoles para expulsarlos de inmediato. Estos fueron advertidos y salieron antes con apenas tiempo para recoger sus pertenencias.
Afrenta a España
Pese a los comunicados de la semana pasada de los ministros de Industria, José Manuel Soria, y el de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, en las que advertían al Gobierno argentino que "la agresión" contra Repsol se considera una agresión a España y al Gobierno español (ayer lo reiteraran), Kirchner no se ha arredrado. Tampoco ante las amenazas de la UE (que tenía previsto enviar esta semana una delegación a Argentina" y del propio presidente de EE UU, que ha decidido aplicar sanciones comerciales a Argentina, al eliminarla de la lista de país amigo, precisamente por no pagar la indemnización de dos empresas norteamericanas a las que les fue expropiado su patrimonio en Argentina durante el corralito.
Ni por supuesto de "los exabruptos" de los medidos de comunicación: "Soy una jefa de Estado y no una patotera" o matona, dijo en medio de sus discurso populista en la Casa Rosada.
Tal y como está planteado el proyecto de ley de nacionalización de YPF, este vulnera de plano el Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (Appri), que España y Argentina mantienen desde hace años. Tanto según este acuerdo, cuyo incumplimiento puede denunciar el Gobierno español ante el Banco Mundial, como el contenido de la Ley de Privatización de YPF, recogido en los estatutos de la compañía de acuerdo con el Ejecutivo del país, se trata de una expropiación discriminatoria entre accionistas. Argentina puede por razones estratégicas nacionalizar la compañía o sus hidrocarburos, pero pagando lo pactado a todos los accionistas por igual a través de una opa.
Los 18.000 millones de dólares antes citados (o 47,18 euros por acción) es el valor más elevado de los cuatro que fijan los estatutos como cantidad a pagar, como por ejemplo el valor promedio en Bolsa de los dos últimos años y el del mes anterior a que comenzaran a circular los rumores de expropiación. Además, Repsol podría reclamar indemnizaciones millonarias para recuperar las inversiones realizadas en el país, cuyos campos de hidrocarburos convencionales, al igual que los de Estados Unidos, están en declino. También podría exigir en los tribunales internacionales una prima por la pérdida de control de YPF.
Argentina es el país con más demandas por expropiaciones del mundo (40) y con más condenas (casi la mitad de los laudos han sido condenatorios). Con la nacionalización de YPF, siendo la mayor del mundo, le lloverán demandas: además de los propios inversores internacionales y de Repsol, podrían denunciar el Gobierno español y la Unión Europea, responsable del comercio exterior comunitario.
Con YPF, Repsol pierde casi el 26% de su ebitda (1.231 millones de euros el año pasado, frente a los 4.800 millones de todo el grupo Repsol) y la mitad de sus reservas probadas de petróleo.
El Gobierno argentino ha justificado la decisión de quedarse con el control de YPF a la falta de inversiones de Repsol en el país (acusación que rechaza la petrolera española) y al "vaciado" de la empresa. Ello habría generado un déficit de la balanza energética, en un país con el consumo de carburantes altamente subvencionado. Pero otras razones apuntan a que ha sido el gran descubrimiento de hidrocarburos no convencionales en Vaca Muerta (en la Patagonia), con unas previsiones de 22.897 millones de barriles equivalentes, que triplicaría las reservas del país, el que ha llevado a asaltar YPF.
