El gigante informático Apple y cuatro editoriales internacionales -Simon & Schuster, Harper Collins, Hachette, Holtzbrinck- permitirán a los distribuidores minoristas, como Amazon, vender durante dos años libros electrónicos con descuento con el fin de evitar una multa de la Comisión por abuso de posición dominante.
Esta es una de las principales medidas correctivas que han ofrecido las compañías al Ejecutivo comunitario para remediar los problemas de competencia que Bruselas había detectado en sus acuerdos. La Comisión someterá ahora los compromisos a la opinión del resto de actores del mercado y si los considera suficientes los convertirá en jurídicamente vinculantes y cerrará el caso.
El pasado diciembre, el Ejecutivo comunitario lanzó una investigación formal contra Apple y las grandes editoriales por indicios de que habían alcanzado un acuerdo ilegal para limitar la competencia en la venta de libros electrónicos y mantener los precios elevados.
En particular, Bruselas mostró su preocupación por la naturaleza y las cláusulas de los 'contratos de agencia' concluidos entre las editoriales y los distribuidores para la venta de libros electrónicos, con la ayuda de Apple. A su juicio, este tipo de contratos permite más control de las editoriales sobre los precios minoristas y tienen como objetivo aumentar estos precios o al menos impedir su descenso.
En su propuesta de compromisos, las cinco empresas ofrecen poner fin a los 'contratos de agencia' existentes y abstenerse de incluir en nuevos contratos la denominada cláusula de nación más favorecida sobre precios durante cinco años.
Además, "durante un periodo de dos años, las cuatro editoriales no restringirán, limitarán u obstaculizarán la capacidad del minorista de fijar, modificar o reducir los precios minoristas, o de ofrecer descuentos en el precio o promociones".
Si los rivales de las empresas aceptan estos compromisos y el Ejecutivo comunitario los convierte en jurídicamente vinculantes, su incumplimiento acarrearía una multa automática del 10% del volumen de negocios, sin necesidad de que Bruselas demuestre la existencia de una infracción a las reglas de competencia.
