La trayectoria de las nacionalizaciones en América Latina se inició en 2006 y parece no detenerse. En Argentina, el desembarco en el gobierno del matrimonio Kirchner en 2003 agilizó este proceso, después de una década marcada por las privatizaciones. La expropiación del 51% de las acciones de Repsol en YPF es el corolario de las nacionalizaciones en Argentina. La decisión tiene el respaldo mayoritario de la ciudadanía y la clase política, pero se ha convertido en una mala carta de presentación del país en el ámbito internacional.
El derrotero de las nacionalizaciones en la era Kirchner se inició en marzo de 2006, bajo el gobierno de Néstor Kirchner. La primera empresa elegida fue Aguas Argentinas, la empresa de distribución de agua y saneamiento en Buenos Aires y 17 distritos, controlada por la francesa Suez y la española Aguas de Barcelona, que acudió al arbitraje del Banco Mundial a través del Ciadi.
La sucesión en el Gobierno por parte de la esposa de Kirchner, Cristina Fernández, se tradujo en más nacionalizaciones. A solo seis meses de asumir el cargo, la mandataria anunció la nacionalización de las AFJP (fondos de pensiones privados) controladas por diez empresas. Una de las afectadas fue la española Consolidar de BBVA, que junto a otras cinco compañías demandó el año pasado al Estado ante la Justicia federal, previo a decidir si acudirán al arbitraje internacional que no tiene plazo de caducidad para la presentación.
Un mayor impacto internacional generó Kirchner al concluir el 2008 con la nacionalización de Aerolíneas Argentinas, controlada por el grupo español Marsans. La empresa se mantiene en el ojo del huracán en Argentina con un déficit de 387 millones de dólares (292 millones de euros) en 2011, según estimaciones del presidente de la compañía, Mariano Recalde. Marsans acudió al arbitraje del Ciadi con una demanda de 1.100 millones de euros al Gobierno argentino, que aún se encuentra pendiente de resolución.
Tres años después, Cristina Kirchner ha vuelto a arremeter contra una empresa privada con la expropiación del 51% de las acciones de Repsol en YPF, argumentando la falta de inversión y la caída de la producción. A nivel internacional tildaron a la mandataria de ser la nueva "Chávez" de Latinoamérica pero aún hay distancia con las cerca de 2000 expropiaciones impulsadas por el venezolano.
Pero el Gobierno de Venezuela es sin dudas el padre de las expropiaciones. Según los opositores, el presidente Hugo Chávez en seis años realizó expropiaciones de todo tipo hasta llegar a unas 2.000, con la intervención en recursos naturales, servicios, industrias, comercios, consorcios y tierras. La popular expresión chavista "exprópiese" ha llegado incluso a los estacionamientos, también nacionalizados. La periodicidad de expropiaciones en el país bolivariano llegó a contabilizar cientos de anuncios al mes y cuenta con más de 20 demandas actuales en el Ciadi, organismo del cual Venezuela resolvió retirarse este año.
A pesar de gobernar desde 1999, Chávez no comenzó con esta política hasta febrero de 2007, cuando estatizó las empresas de generación eléctrica Seneca y Electricidad de Caracas, ambas controladas por capital norteamericano. La tendencia fue acrecentándose rápidamente y avanzó con la nacionalización de los pozos petroleros con la empresa estatal Petróleos de Venezuela, que se convirtió en el símbolo de la gestión y motor de la economía del país. Luego siguieron la telefónica Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela (CANTV), las cementeras Cemex (mexicana), Lafarge (francesa) y Holcim (suiza).
En julio de 2008, Chávez anunció la nacionalización del Banco de Venezuela, filial del español Santander pero congeló esa decisión. Un año más tarde se formalizó la compra de las acciones por 1.050 millones de dólares, bajo acuerdo de la entidad financiera.
El extenso listado de nacionalizaciones incluyen empresas arroceras, industria de la harina, cadena de frigoríficos y productos lácteos, cadenas de supermercados Éxito (del grupo francés Casino), más de 60 empresas complementarias de la actividad petrolera, un complejo hotelero, edificios en el centro de Caracas, la universidad San Inés, entre otros.
En orden de mérito en el bloque bolivariano, el presidente de Bolivia, Evo Morales, lo secunda. El mandatario desembarcó en 2006 con el anuncio de la nacionalización de los hidrocarburos del país, que obligó a las petroleras a renegociar contratos. Luego avanzó con la adquisición de acciones en las petroleras Chaco (controlada por British Petroleum), Andina (filial de Repsol) y Transredes (de Ahsmore y Shell). Actualmente con Repsol mantiene una buena relación, hasta el punto de haber elogiado a la compañía esta misma semana, nada más de expropiar la filial en el país de Red Eléctrica.
El recorrido de las nacionalizaciones de Bolivia también tuvo lugar en el ámbito de las telecomunicaciones cuando en 2007, Morales anunció la nacionalización de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (controlada por Telecom) quien acudió al arbitraje del Banco Mundial al no acordar el valor de la compañía. En 2008 avanzó con la transformación de la petrolera estatal YPFB en una corporación para dirigir la nacionalización petrolera e inició una gestión compartida con Repsol para administrar YPFB-Andina.
En el año 2009 diversificó las expropiaciones y, por primera vez, apuntó a 36.000 hectáreas agrícolas en propiedad de grandes terratenientes, bajo el argumento de la explotación indígena. Tras su reelección a fines de 2009, Morales sumó a las nacionalizaciones -que generalmente anuncia cada aniversario del Día del Trabajador- a cuatro empresas eléctricas de capitales extranjeros y una metalúrgica en manos suizas que había dejado de operar.
La cronología de expropiaciones bolivianas -tras dos años sin anuncios- volvió a tener como fecha elegida el 1 de Mayo en el marco de los actos por el Día del Trabajador, con la nacionalización de la española Red Eléctrica, bajo el argumento de falta de inversión.
