El Gobierno del Partido Popular aprobaba la nueva regulación antidescargas el 30 de diciembre del año pasado, con una redacción idéntica al último borrador ideado por la ministra de Cultura saliente. La norma de la discordia, la ley Sinde-Wert, veía definitivamente la luz.
El 1 de marzo entra en vigor el Real Decreto que desarrolla la norma y que alumbra un nuevo ente. Se trata de la sección segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, que podrá retirar contenidos y hasta cerrar páginas web que sirvan o enlacen sin permiso de los titulares de derechos. Tras dos años de airadas respuestas en la red e infinidad de enmiendas en el Parlamento, el proceso administrativo ha quedado reforzado al requerir el aval judicial hasta en dos ocasiones durante el recorrido sancionador.
El objetivo confeso es acabar con las páginas de enlaces, (del tipo SeriesYonkies) pero el resto de agentes de la cadena tecnológica están inquietos. "¿Contra quién se va a dirigir el procedimiento? La web, el proveedor de hosting, Google, los operadores. No está bien resulto el la redacción del Real Decreto", apunta Alejandro Sánchez Campo, gerente de la asesoría jurídica de Telefónica España.
"Es cierto que no queda claro, pero en todo caso debería ser una responsabilidad subsidiaria", señala Juan José Marín, catedrático de Derecho Civil y abogado. Es decir, que cada uno de los agentes responda en cadena. "Primero los responsables de la web, luego del hosting... y así hasta el Telefónica de turno", concluye.
Las operadoras de Internet son una pieza clave en este puzzle administrativo-judicial. Dejando aparte las interpretaciones de técnica jurídica, los expertos coinciden en que el reglamento de la ley Sinde-Wert otorga a las telecos la condición de "colaboradores". Ellos son en última instancia quienes tienen la llave, quienes abren y cierran la puerta que da paso a Internet.
Por eso, cuando las webs denunciadas no hagan caso a los castigos impuestos por la Comisión, serán las operadoras las únicas que pueden desenchufarles de la Red. Eso sí, siempre con el refrendo judicial (en concreto, del Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo), al afectar directamente a los derechos y libertades de expresión e información.
El primer supuesto de cooperación saltará cuando el responsable de la web denunciada no quiera facilitar sus datos identificativos, indispensables para llevar adelante el proceso. El operador de telefonía deberá dar estos datos a la Comisión, previa petición del juzgado. El segundo llega hacia el final, una vez se ha dictado una resolución ordenando la retirada de determinados contenidos o el cierre de la web. Cuando el infractor no cumpla la orden, entonces la Comisión podrá dirigirse de nuevo al juzgado para que "dicte el auto autorizando o denegando las medidas impuestas por la Comisión". Es decir, el corte del suministro de Internet cuya adopción corresponde al las operadoras.
La manera de avisar, esto es, la notificación de los autos judiciales a los operadores se hará "preferentemente por medios electrónicos", reza el Real Decreto. Sánchez Campo celebra la medida. "Para nosotros es clave, nos facilita mucho la tarea al agilizar la comunicación". Pero lo que más le preocupa es el volumen de peticiones al que tendrán que hacer frente una vez se entre en vigor la norma. "No es lo mismo gestionar cuatro que 400 solicitudes", advierte.
Habrá que esperar hasta su entrada en vigor en marzo para evaluar el impacto de la nueva regulación. Lo que parece claro es que no se perseguirá a los usuarios (como el caso de la norma francesa, conocida como ley Hadopi). La tecnología P2P no está, de momento, en el punto de mira. Aunque los expertos apuntan que, como efecto secundario, la nueva regulación devolverá protagonismo al intercambio de archivos de par a par. "Las webs de enlaces tendrán que eliminar los links a servidores con contenidos que vulneren derechos. Como alternativa, lo que harán a partir de ahora será enlazar a redes P2P", prevé Jorge Ledesma, abogado especialista en Propiedad Intelectual.
