Aena ha logrado pactar con los sindicatos CCOO, UGT y USO un expediente de regulación de empleo que afectará a un máximo de 1.600 empleados. Pagará 20 días por año, con un máximo de 12 mensualidades, aunque si el trabajador no encuentra trabajo en los seis meses posteriores (desde hace dos días, la empresa está obligada a llevar a cabo un plan de recolocación), cobrará ocho días adicionales. Para los empleados de más de 55 años, con una antigüedad mínima de 10 años, la indemnización adicional sería de 11 días si transcurrido ese medio año no encuentran un empleo alternativo.
Fuentes de la empresa explicaron ayer que los primeros contactos con los representantes sindicales de los empleados se produjeron antes del verano, y se intensificaron en los últimos meses. "No se ha producido el acuerdo con los sindicatos hasta que no ha estado maduro".
Con todo, la medida aplicada en Aena forma parte de una estrategia de recortes en el sector público larga y profusamente anunciada por distintos miembros del Gobierno. De hecho, este tijeretazo público no era sino uno de los grandes objetivos de la famosa reforma laboral.
Hasta que se aprobó la reforma laboral existía un cierto debate sobre si se podían promover despidos colectivos en la Administración. Un debate sobre el que no había acuerdo. La mayoría de juristas opinaban que sí, pero había voces contrarias.
El anuncio del nuevo (y polémico) texto legal zanjó la discusión: se podían llevar a cabo y hacerlo aduciendo "insuficiencia presupuestaria" durante tres trimestres consecutivos para pagar la indemnización más baja de las extinciones de contrato (es decir, 20 días por año trabajado y un límite de 12 mensualidades).
El reglamento que entró en vigor el lunes redujo las exigencias respecto a las pretensiones iniciales contempladas en el borrador hecho público en agosto, que contemplaban que la reducción del presupuesto fuera del 10%, el doble de lo que ahora se pide.
Advertencia
Y así, a principios de marzo, la secretaria de Estado de Empleo, Engracia Hidalgo, ya advirtió que en muchas empresas públicas no tendrán más remedio que despedir porque, según sus propias palabras, "están redimensionadas".
Ese mismo mes, el Consejo de Ministros aprobó la eliminación de 24 sociedades mercantiles estatales, el 17% del total, entre las que se encuentra la Sociedad Pública de Alquiler, y que permitirá ahorrar 1,08 millones de euros al año.
En total son alrededor de 180.000 los empleados que trabajan para más de 250 empresas públicas, unos 40.000 eventuales, según los datos del Ministerio de Hacienda.
Las hay de algo menos de 14.000 empleados, como Renfe, o de más de 60.000, como Correos. En el caso de Aena, la nómina de empleados llega 15.000 y, según los datos facilitados ayer por la propia compañía, tiene una deuda cercana a los 14.000 millones.
Peligro de extinción en las firmas públicas autonómicas
Los ajustes presupuestarios están llevando a las administraciones autonómicas a deshacer la expansión emprendida en los 90 respecto a al número de fundaciones y empresas públicas, lo que implica en la mayoría de los casos el despido de trabajadores, informa Efe.
Andalucía está terminando de aplicar el plan emprendido en 2010 para mermar su sector público, un proyecto que afecta a más del 40 % de dicho sector y que permitirá eliminar 111 entes y modificar la personalidad jurídica de otros 16. Supondrá un ahorro de 115 millones hasta 2013. El proceso ha afectado de algún modo a aproximadamente 24.000 trabajadores.
Cataluña fue pionera en el adelgazamiento de su sector público. La Generalitat ha rebajado el salario a sus empleados en dos ocasiones, les ha quitado varios complementos, y ha restringido al mínimo imprescindible cualquier cobertura de un puesto por jubilación o baja laboral.
Alrededor de 3.000 empleados de la administración valenciana van a perder su trabajo en los próximos meses como consecuencia de la reestructuración del sector público empresarial y fundacional con el que se pretende prescindir del 40% de la plantilla y ahorrar alrededor de 300 millones de euros.
La Comunidad de Madrid ha eliminado desde 2008 24 empresas -el 33%- y 83 órganos consultivos, consorcios y fundaciones, un 42 % de los que hay, además de prescindir del Defensor del Menor. Ignacio González anunció en su estreno la supresión del Consejo Económico y Social, la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid y Promomadrid.
