En un comunicado, la asociación ha indicado que "una expropiación o pérdida forzada de la mayoría -de Repsol- en YPF supondría una expropiación a cientos de miles de accionistas minoritarios por valor de miles de millones de euros".
AEMEC ha reclamado al gobierno argentino "que cumpla con la legalidad nacional e internacional y respete los derechos de los accionistas minoritarios", porque sus "decisiones arbitrarias" han provocado una depreciación "de la acción -de YPF- del 30%, con el consiguiente perjuicio a los accionistas minoritarios de Repsol".
Por ello, ha advertido de que la asociación "acudirá a los tribunales de Buenos Aires, Madrid, Bruselas y Nueva York para trata de impedir" la nacionalización de YPF "y solicitar, en caso contrario, las correspondientes indemnizaciones millonarias".
AEMEC ha explicado que "la mayoría de los accionistas actuales de Repsol compraron sus títulos contando con su participación mayoritaria en YPF", que aporta la mitad de su producción de crudo, el 40% de sus reservas y la cuarta parte de su beneficio.
La organización de accionistas minoritarios ha negado el argumento del gobierno argentino sobre los beneficios que aportaría la expropiación de YPF, dado que no son ciertos "porque no tienen en cuenta las probables indemnizaciones astronómicas que tendría que afrontar y los enormes costes judiciales de los procesos".
YPF está controlada por Repsol, que tiene el 57,43% de las acciones; el grupo argentino Petersen, de la familia Eskenazi, posee el 25,46% y el Estado argentino, el 0,02%, mientras que el restante 17,09% se cotiza en las Bolsas de Buenos Aires y Nueva York.
En cuanto al accionariado de Repsol, Caixabank controla el 12,972%; Sacyr Vallehermoso, el 10,01% y Petróleos Mexicanos (PEMEX), el 9,492%. La compañía posee en autocartera el 10% del capital que adquirió a Sacyr a finales del año pasado.
