Estos contratos, 533 de ellos en alta tensión y otros 9.737 en baja tensión, no solo sufren las penalizaciones disuasorias del 20% contempladas para estos casos, sino que además se encuentran sometidos desde el 1 de enero a una completa incertidumbre y podrían incluso interrumpirse porque ya no tienen derecho ni siquiera a suministro bajo TUR.
El Ministerio de Industria, Energía y Turismo había elaborado un borrador de orden ministerial de revisión de peajes eléctricos en el que ampliaba en un año, hasta el 31 de diciembre, el plazo de permanencia de estos clientes sin derecho a tarifa en un suministrador de último recurso.
No obstante, la orden de peajes no ha sido todavía publicada, de modo que desde el 1 de enero la continuidad del suministro a todos estos clientes depende solamente de la voluntad de su comercializadora de último recurso, siempre y cuando no se trate de un "suministro esencial", al que está prohibido cortar la luz.
La Comisión Nacional de la Energía (CNE) calcula que en la actualidad hay 46.553 puntos de suministro sin derecho a TUR que son suministrados por una comercializadora de último recurso, de los que 432 son grandes consumidores, 10.270 administraciones públicas, 12.732 pymes y 22.847 hogares con más de 10 kilovatios (kW) de potencia contratada.
Esta cifra es, sin embargo, muy inferior a los 354.636 consumidores que se encontraban en este régimen transitorio en 2010, el primer mes en el que existen cifras acerca de este perfil de consumidores.
El regulador indica además que, de los 46.553 usuarios que se encuentran en esta situación, el 16%, o 7.440, corresponde a suministros esenciales, de forma que en ningún caso se les podría suspender el servicio eléctrico.
El Ministerio de Industria, Energía y Turismo calcula que solo el recargo del 20% por no haber pasado al mercado libre supondrá unos ingresos en 2013 para la tarifa eléctrica de cerca de 60 millones de euros.
A la idea de Industria de ampliar en un año el régimen transitorio para evitar cortes de suministro, aún no publicada en el BOE, la CNE ha replicado que resulta más adecuado establecer un precio disuasorio permanente que no obligue a la ampliación sistemática de plazos cada año.
