El Consejo de Ministros aprobó el viernes un acuerdo para impulsar la televisión de alta definición y para que la televisión privada afronte "en las mejores condiciones" el proceso de liberación del llamado dividendo digital: la migración de las frecuencias que ocupan ahora las cadenas y que irán a parar a los operadores de telecomunicaciones para el desarrollo de la telefonía móvil de cuarta generación (4G).
Un proceso que obligará a resintonizar la TDT y que tenía un coste estimado de 800 millones de euros que el Ejecutivo quería reducir a toda costa. Por ello, llegó a proponer a las televisiones que renunciaran a la mitad de sus canales.
Finalmente, y tras seis meses de negociaciones con las televisiones privadas agrupadas en Uteca, se ha llegado a un acuerdo aceptable para ambas partes.
Así, según el plan aprobado el viernes, las televisiones privadas mantienen todos sus canales (24) aunque entre todas renuncian a un múltiplex (el espacio por el que se ofrecen los canales). Para ello, ahora cada múltiplex podrá emitir de forma simultánea seis canales, en vez de los cuatro que se permitían hasta hoy.
Esto facilitará la migración de las cadenas y el desembarco de las telecos para el impulso al 4G. De hecho, el despliegue de las nuevas redes de telefonía móvil se adelantará un año y, finalmente, se llevará a cabo en enero del año 2014.
Según el Gobierno, entre las ventajas que traerá el nuevo plan están la reducción del coste respecto a los 800 millones previstos con anterioridad; que haya menos familias afectadas por la reantenización (afectará a 1,2 millones de edificios frente a los 1,5 millones estimados anteriormente); y que se minimizarán los cambios de orientación de antenas de los afectados, al concentrarse la oferta básica de TDT en frecuencias ya antenizadas.
Según estimaciones de la UE, que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, recordó el viernes tras el Consejo de Ministros, el despliegue de la nueva generación de móviles tendrá un impacto económico favorable de 150.000 millones de euros en los próximos años en toda Europa.
En el caso de las televisiones autonómicas, el nuevo plan es, según el Ejecutivo, lo suficientemente flexible como para permitir acomodar "las diferentes realidades de desarrollo de este servicio existentes en las Comunidades Autónomas" y facilitar la evolución a las emisiones de alta definición.
Impacto en el PIB
Según la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, el acuerdo será un "dinamizador de la economía": su impacto alcalnzará los 12.000 millones de euros en varios años, el 1% del PIB.
