ACS estudia denunciar al Estado peruano por incumplimiento del convenio bilateral de protección de inversiones al haber anulado la concesión ganada para la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales, informó ayer su abogado peruano Jorge Santistevan.

El letrado declaró, en una entrevista en Radio Programas del Perú (RPP), que la compañía puede demandar a Perú ante los tribunales internacionales si el Gobierno no mantiene los términos de la concesión para el contrato ganado este mismo año por su representada. La planta se ubicará en Taboada, en el puerto del Callao.