ACS evita que haya juicio en su demanda contra la última junta de Iberdrola

El juez del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Bilbao, Aner Uriarte, ha decidido no celebrar juicio por la demanda de impugnación de ACS contra varios acuerdos de la junta de Iberdrola celebrada en mayo. En contra de lo que sostenía la eléctrica, el magistrado considera que la disputa es solo jurídica y no hay hechos controvertidos. Al no celebrarse juicio, lo que hubiese implicado la aportación de pruebas, testigos, etc., el proceso se acelerará. Así, una vez que las partes entreguen sus escrito de conclusiones (ACS dispone de 10 días de plazo y, a continuación, Iberdrola tiene otros 10 días), el juez podrá dictar sentencia. Quizás antes de fin de año, o principios del próximo.

Iberdrola había presentado en el juzgado bilbaíno dos informes periciales, uno de Benito Arruñada, sobre la "racionalidad económica" de los acuerdos para la modificación de los estatutos impugnados por ACS, y otro de PwC, relativo al gobierno corporativo de Iberdrola como elemento de creación de valor. Ninguno de ellos ha sido aceptado por el magistrado, que ha decidido pronunciarse solo sobre si los citados acuerdos se ajustan o no a la ley.

ACS, que tiene un 19% de Iberdrola, mantiene un enfrentamiento abierto con el equipo de gobierno encabezado por Ignacio Sánchez Galán. Ya en 2010, la junta de la eléctrica frustró la entrada de la constructora en el consejo, alegando que era un competidor, lo que motivó un primer pleito. La celebrada en mayo aprobó la modificación de varios artículos de los estatutos y el reglamento del consejo, que limitan estrictamente los derechos del accionista.

ACS considera que vulneran la ley los cambios de los artículos relativos al derecho de información de los accionistas; a las facultades del presidente; el que impide la cesión del voto a cambio de una prestación económica, el que prohíbe votar en la asamblea por conflicto de interés y el relativo a la reducción del número de consejeros, que ha pasado de 15 a 14. Asimismo, ACS impugnó cuatro artículos, por no estar de acuerdo en el cómputo de las votaciones de la junta. Para modificar alguno de los artículos de los estatutos, sostiene, es preciso una mayoría del 75% del capital (no de los derechos de voto, que hasta el 1 de julio, estaban limitados al 10%). Sin embargo, a la hora de determinar el quórum no se tuvo en cuenta el 19% de la constructora, lo que, de haber sido así, habría cambiado el resultado del voto.