Los acreedores de Spanair piden el embargo de bienes de los miembros del consejo

La Asociación de afectados por el Cese de Operaciones de Spanair (ACOS) ha pedido al administrador concursal de la aerolínea, Bosco Gisper, que proceda al embargo de los bienes de los miembros del consejo de administración para que pueda resarcirse a todos los afectados por la quiebra de la compañía, que dejó de volar el pasado 27 de enero.

En declaraciones a Servimedia, el portavoz de ACOS, el abogado Cándido Connde-Pumpido Varela, destacó que de esa manera sería posible que todos los acreedores de la compañía, que acumula un pasivo de 474 millones de euros, puedan ser compensados en su totalidad, ya que entre los miembros del consejo está representada Fira de Barcelona.

Según ACOS, Spanair se encontraba ya en causa de disolución antes de declarar el concurso, puesto que difícilmente sus activos podrán representar el 25% del pasivo de 474 millones. Por otro lado, la asociación pide también al administrador que reintegre en el concurso la indemnización de 400.000 euros que tiene avalada en una entidad financiera el ex director general de Spanair, Michael Szucs. Para ello, Szucs tendrá que desbloquear ese aval bancario para el cobro de su indemnización pactada como blindaje por despido con la compañía, para que luego pueda ser integrada en el concurso.

Según Conde-Pumpido, el administrador comparte esta demanda ya que ya han sido aplicadas medidas similares en anteriores concursos. ACOS recuerda a los afectados que el plazo para personarse en el concurso concluye el próximo 15 de marzo.

Además del concurso, esta organización, respaldada por diversos despachos de abogados en toda España, estudia reclamar la responsabilidad patrimonial de la Generalitat de Cataluña, puesto que Spanair no contaba con el seguro exigido por el código de consumo de esa comunidad autónoma para vender productos de más de 100 euros por anticipado. Por último, ACOS espera recibir de la administración concursal las pólizas de seguro de responsabilidad civil exigidas por la Ley de Navegación Aérea, para estudiar las posibilidades del cobro por esta vía de las obligaciones derivadas de la responsabilidad contractual de Spanair con los titulares de los billetes.