Pese a la resolución del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Generalitat de Cataluña, el consorcio de Acciona sigue operando la red de abastecimiento de Aigües Ter-Llobregat (ATLL).
En un hecho relevante, la compañía ha comunicado hoy a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que el contrato suscrito entre la Generalitat de Cataluña y el consorcio adjudicatario (liderado por Acciona y BTG Pactual) sigue siendo "jurídicamente válido y vigente hasta la fecha".
Por ello, el consorcio "está gestionando desde el 1 de enero la red ATLL".
El grupo que preside Jose Manuel Entrecanales ha advertido de que, en el supuesto de que la Generalitat decidiera anular y resolver el contrato vigente, el consorcio tiene derecho a "la devolución inmediata" de los 298,6 millones de euros satisfechos ya como parte del canon concesional y a la reparación de daños y perjuicios, además de los intereses que se pudieran derivar.
Asimismo, los servicios jurídicos del consorcio preparan "las acciones que procedan en derecho para defender sus legítimos intereses".
Acciona tuvo conocimiento anoche de la resolución dictada con fecha 2 de enero por el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Generalitat, que estima parcialmente el recurso especial en materia de contratación interpuesto por Agbar -competidor de Acciona en el concurso- contra la adjudicación del contrato.
Se trata de la gestión y prestación de servicio público en régimen de concesión, durante 50 años prorrogables, para la construcción, mejora y explotación de las instalaciones que constituyen la red de abastecimiento de ATLL, incluyendo el tratamiento, almacenamiento y transporte de agua.
Este contrato fue adjudicado al consorcio por el Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat el pasado 6 de noviembre y la firma tuvo lugar el 27 de diciembre, una vez obtenida la autorización de Competencia y levantada la suspensión que impedía la formalización del contrato por la propia Generalitat.
Asimismo, Acciona ha explicado que el mismo 27 de diciembre el consorcio desembolsó los 298,6 millones de euros que suponen el primer pago del canon concesional, mientras que los 700 millones restantes debía desembolsarlos de manera progresiva durante el plazo de la concesión.
La decisión del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Generalitat puede ser recurrida en un plazo de dos meses, ante al Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña
