Días después de que lo hiciera la Generalitat de Cataluña, Acciona ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante el TSJC para plantar cara al fallo del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Generalitat de Catalunya (OARCC), que el pasado 2 de enero decidió su exclusión del procedimiento de licitación del servicio de agua en alta Ter-Llobregat (ATLL). Un concurso en el que la empresa de la familia Entrecanales se impuso a Agbar y por el que gestionará el agua en la cuenca alta de la provincia de Barcelona durante 50 años.
Acciona recuerda que la presentación de este recurso, junto al interpuesto por el Gobierno de Artur Mas, "hace que la resolución del OARCC no pueda considerarse firme, lo que impide la anulación de la adjudicación o del contrato hasta que los Tribunales se pronuncien definitivamente", cita en un comunicado. De este modo, Acciona considera válido y vigente dicho contrato tras tomar las riendas de ATLL el pasado 1 de enero.
El recurso de la adjudicataria defiende que la oferta presentada por su consorcio "cumple escrupulosamente con las bases de la licitación", al tiempo que señala que "la resolución del OARCC vulnera el ordenamiento jurídico al considerar contractual y vinculante el programa de obras que el pliego de condiciones del concurso califica expresamente como indicativo y de carácter no contractual".
Acciona propuso una serie de modificaciones al citado programa de obras que fueron valoradas y aceptadas por el órgano de contratación conforme al pliego de condiciones del concurso: "Bajo ningún concepto pueden dar lugar a la injustificada exclusión de Acciona Agua de la licitación", expresa la compañía, que habla de falta de fundamento jurídico.
Otro argumento que resalta Acciona, en contra de lo dicho por su rival en este proceso, es que la resolución del OARCC resulta "de imposible ejecución". Desde su punto de vista "no anula ningún acto del procedimiento de licitación, ni la adjudicación del concurso ni la formalización del contrato, y tampoco ordena la retroacción de las actuaciones, dictaminando incorrectamente la exclusión de ACCIONA, sin referencia alguna a las otras empresas que forman parte del consorcio adjudicatario".
Por todo ello, el recurso de Acciona pide medidas cautelares, amparándose en el interés público, sobre la suspensión de los efectos de su exclusión de la licitación. Tal y como adelantó Cinco Días, razones de interés público también justificaron en diciembre el hecho de que el OARCC levantara una primera suspensión de la adjudicación del concurso al consorcio liderado por Acciona, tras un recurso de Agbar, lo que dio luz verde a la firma del correspondiente contrato y al pago de 300 millones de canon inicial por parte del grupo madrileño.
Acciona también recuerda "los graves e irreparables perjuicios" para Acciona, la Generalitat, los usuarios del servicio de ATLL y para los 225 trabajadores de la empresa "si no se decidiera la suspensión cautelar de la resolución del OARCC".
