Un accidente de helicóptero al mes desde el comienzo del presente ejercicio ha convertido a España en líder de la siniestralidad aérea en Europa, según han denunciado los sindicatos de los colectivos del sector de trabajos aéreos, Sepla, Comisiones Obreras y CGT.
En este tiempo, la actividad aérea dedicada a intervenir en situaciones de riesgo, tales como el traslado en aeronaves de personas siniestradas o de órganos, la extinción de incendio, el salvamento marítimo, la revisión de los tendidos de alta tensión, la fumigación a la protección de las fronteras y el control de aduanas se ha cobrado la vida de 20 trabajadores, algo que los sindicatos consideran "un tributo inaceptable".
La falta de regulación es una de las principales razones que explican este alto índice de siniestralidad, según denuncian los sindicatos. "La responsabilidad empieza en el regulador y, de ahí, baja por toda la cadena", apunta Carlos Ferreira, portavoz de Sepla y delegado sindical de Inaer, la principal empresa operadora de helicópteros en España.
Ferreira denuncia que las compañías aéreas adjudicatarias de contratos, en su mayoría públicos, diseñan los procedimientos de operación en sus manuales y lo hacen "a su antojo y de manera unilateral".
La falta de un entrenamiento adecuado de los tripulantes por falta de medios, el exceso en la programación de las jornadas de trabajo y la ausencia de una programa de modernización de los instrumentos de ayuda a la navegación abonan la proliferación de los siniestros. Otro problema de enorme trascendencia es "la falta de supervisión y control por parte de la Agencia Española de Seguridad (AESA)".
Los sindicatos están a la espera de reunirse con responsables del Ministerio de Fomento y de AESA y podrían convocar movilizaciones en función de lo que surja de este encuentro.
En España existe un número reducido de empresas que se dedican a la realización de trabajos aéreos. Destaca el grupo Inaer, que controla el 70% del mercado. Otras compañías relevantes son Faasa, especializada en transportes medicalizados, y Sasemar, encargada de salvamento marítimo.
Estas empresas son contratadas por concurso para realizar las tareas por las comunidades autónomas y las corporaciones locales.
Los sindicatos temen que los recortes presupuestarios incidan negativamente en unas actividades de alto riesgo cuya seguridad es ya muy precaria.
