Uralita deberá indemnizar a cinco trabajadores afectados por el amianto
Cuatro sentencias de los dos últimos meses, la última emitida ayer, condenan por primera vez a la empresa Rocalla S.A. y subsidiariamente a Uralita S.A., a pagar indemnizaciones por valor de más de 780.000 euros a cinco trabajadores afectados por el amianto. Ambas empresas se dedicaban a la fabricación de fibrocemento.
La abogada del Colectivo Ronda Marta Barrera explicó hoy en rueda de prensa que se trata de sentencias transcendentes, dado que demuestran la responsabilidad de la empresa Uralita S.A. y acreditan que "la empresa era consciente del peligro al que exponía a sus trabajadores y no hizo nada para que no pasase lo que ha pasado, que muchos han muerto y muchos están enfermos".
En este sentido, añadió que cuatro de los cinco trabajadores ya han muerto; uno de ellos tras el juicio y antes de la sentencia.
Además, explicó que están esperando la resolución de otras ocho sentencias, de las cuales ya se ha celebrado el juicio, y están pendientes de la celebración de otros 20 juicios por el mismo motivo.
Otro de los abogados del Colectivo Ronda, Miguel Arenas, afirmó que "los trabajadores de Uralita S.A. no firmaron un contrato laboral sino su condena de muerte", y se mostró satisfecho de haber conseguido, 40 años más tarde de que comenzase la lucha para demostrarlo, que la inspección de trabajo reconociese que la empresa obligaba a trabajar con una "evidente falta de seguridad".
Arenas añadió que Uralita S.A. "no ha pagado nada" y que las cuatro sentencias han sido recurridas por la empresa al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, y se prevé que el recurso llegará hasta el Tribunal Supremo, por lo que calcula que las indemnizaciones no se pagarán hasta dentro de tres años.
Los abogados calculan que tienen unos 200 clientes afectados por el amianto entre Castelldefels y Cerdanyola, municipios donde se localizaban las empresas Uralita S.A. y Rocalla S.A., además de todos los afectados pasivos, defendidos por el bufete Roca i Junyent, ya que el amianto, en condiciones de poca seguridad, puede afectar a todo aquel que se encuentre a 50 kilómetros de distancia.
Desde el Colectivo Ronda se han reunido también con el Ayuntamiento de Castelldefels, porque existía la posibilidad de demandar a la empresa por las cantidades de dinero que se ha tenido que gastar el consistorio en desamiantar la localidad, pero no ha prosperado la demanda debido a que "hay muchos intereses económicos", afirmó Barrera.