La UE renuncia a exigir orden judicial para cortar internet
El Parlamento Europeo renunció ayer a exigir una orden judicial como condición para suspender la conexión de internet a un usuario. La claudicación parlamentaria permitió la aprobación, con cuatro meses de retraso, de la nueva norma para el sector de telecomunicaciones.
El acuerdo (que debe ser ratificado por el pleno del Parlamento) se alcanzó al filo de la una de la madrugada del jueves, en una última ronda de negociaciones entre representantes de los 27 gobiernos de la UE y 27 europarlamentarios, con la Comisión Europea ejerciendo de mediadora.
Durante el encuentro, los parlamentarios aceptaron modificar la enmienda que el pasado mes de julio impidió la aprobación de la nueva normativa de telecos.
La polémica enmienda exigía la autorización judicial previa (salvo en casos de riesgo para la seguridad pública) para suspender la conexión de internet. Los Gobiernos no la aceptaron porque hubiera impedido cortar la conexión por decisión administrativa a los internautas que se bajan material ilegal o protegido por copyright.
La enmienda se introdujo en la pasada legislatura a raíz de un proyecto de ley francés que prevé el corte de la conexión tras dos avisos al supuesto infractor.
Una vez pasadas las elecciones europeas de junio, los nuevos europarlamentarios parecen haber escuchado los consejos de los servicios jurídicos de las instituciones comunitarias, que alertaron sobre la previsible ilegalidad de la enmienda.
El temor jurídico se debía a que la normativa sobre telecomunicaciones no parecía el canal adecuado para introducir una armonización de requisitos judiciales como la que pretendía el Parlamento.
Al final, todo el arco parlamentario, incluidos liberales, verdes y el partido Pirata sueco, se han conformado con un artículo que sólo supedita el corte de internet a un procedimiento "justo e imparcial", con derecho a "revisión judicial". Pero sin la obligación de que sea a priori.
La patronal del sector, ETNO, celebró que se haya despejado la normativa. El consejero delegado de Yoigo, Johan Andsjó, advirtió que "la medida no es eficaz, porque los operadores no podemos determinar qué es legal y qué no. No es nuestra tarea".
Medidas para evitar que las operadoras degraden el servicio
La legislación de telecomunicación sobre la que ayer se alcanzó un acuerdo preliminar faculta a los reguladores nacionales para imponer normas de calidad mínima en la provisión de internet. Y para impedir que las operadoras degraden el servicio en aras de restringir la utilización de ciertos programas o de mantener su posición de dominio en el mercado. La posibilidad técnica ya existe y también la tentación de utilizarla a medida que aumenta la utilización de webs como Youtube, que acapara banda ancha sin generar beneficios para las operadoras. Durante la negociación de la pasada madrugada, la CE se comprometió a mantener la vigilancia y a intervenir si hiciera falta.