La UE limitará las primas a banqueros, pero sigue sin haber acuerdo para su supervisión

El pleno del Parlamento Europeo (PE) se pronunció hoy con un gran consenso entre las fuerzas sobre los dos expedientes, que forman parte de la respuesta europea a la crisis financiera. En el primer caso, una abrumadora mayoría de los diputados apoyó el acuerdo negociado con los Estados miembros para poner límite a las bonificaciones que reciben los banqueros, que se aplicará a partir de enero.

Desde entonces, sólo un 30% de las primas a los ejecutivos podrán pagarse en efectivo -un 20% en el caso de las más grandes- y al menos la mitad de esos fondos tendrán que abonarse como capital contingente, es decir, dinero al que pueda recurrir la entidad en caso de dificultades. Además, el pago de entre el 40 y el 60% de las primas se deberá aplazar al menos tres años y el banco podrá recuperarlas en caso de que las inversiones no tengan los resultados esperados.

Las nuevas normas introducirán limitaciones específicas para los bancos rescatados con fondos públicos y establecerán que el reembolso de las ayudas tendrá que ser la prioridad. Para la Eurocámara, las nuevas normas pondrán fin a una "cultura de primas de alto riesgo" que "daña la economía" y termina por hacer que sean los contribuyentes los que paguen por los problemas de las entidades.

"Ya que los bancos no han conseguido introducir reformas, somos nosotros los que hacemos el trabajo por ellos", señaló hoy la ponente del informe en el PE, Arlene McCarthy. La nueva normativa incluye también un refuerzo de los requisitos de capital para los bancos, con los que la UE quiere garantizar que las entidades cuenten con liquidez para hacer frente a eventuales crisis.

En contraste con el acuerdo sobre la remuneración de los banqueros, la UE sigue enzarzada en discusiones en torno al nuevo sistema de supervisión financiera que pretenden tener en funcionamiento a partir del 1 de enero. El PE hizo hoy una demostración de fuerza y aprobó con amplísimas mayorías sus enmiendas a la propuesta de los Estados miembros, dejando claro que no está dispuesto a aceptar una vigilancia poco estricta o fraccionada a escala nacional.

El mensaje de los diputados es de firmeza, pero a la vez de voluntad negociadora, pues decidieron no completar la votación de la primera lectura del expediente para dar tiempo a continuar el diálogo con los gobiernos y tratar de obtener un acuerdo que pueda ser ratificado en septiembre. El diputado español José Manuel García Margallo, uno de los principales responsables del dossier, explicó hoy que la Presidencia de turno belga pidió tiempo a los diputados para tratar de acercar posturas y que el tiempo ha sido concedido.

"La pelota está ahora en manos del Consejo", señaló, destacando el consenso inusual que hay en el PE para defender una supervisión estricta, con las cuatro fuerzas principales, desde conservadores a verdes, actuando unidas. El caballo de batalla entre los parlamentarios y los gobiernos siguen siendo esencialmente los poderes reales que se le concederán a las nuevas autoridades supervisoras europeas para la banca, los mercados y las aseguradoras.

El PE defiende que estas instituciones puedan emitir decisiones vinculantes para las entidades financieras cuando los supervisores nacionales fallen a la hora de hacerlas desistir de prácticas poco sólidas, así como dotarlas de poder para resolver disputas entre las autoridades de distintos países. Además, insisten en que los supervisores europeos sean los encargados de vigilar las instituciones más importantes de carácter trasnacional.

Mientras, algunos países encabezados por el Reino Unido, son reacios a ceder estos poderes a los órganos europeos. Los eurodiputados, en cualquier caso, siguen confiando en lograr un acuerdo, gracias a la contribución de la Presidencia de turno belga, con la que ya han logrado algunos avances.

Según fuentes parlamentarias, Bélgica estaría dispuesta incluso a "trocear" el paquete legislativo para que la aprobación de algunos puntos polémicos no requiera la unanimidad de los Estados miembros que necesitan otros aspectos, lo que impediría que uno o dos países veten la decisión.