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Son sólo 20 páginas. Pero su lectura, probablemente, habrá causado escalofríos en varias capitales, desde París a Madrid, pasando por Bruselas, porque el dictamen de la máxima autoridad europea sobre protección datos pone en entredicho la legalidad de las iniciativas de Gobiernos como el de Sarkozy o Rodríguez Zapatero para combatir ciertas violaciones del derecho sobre la propiedad intelectual en el terreno de internet.

El dictamen, fechado el 22 de febrero, ataca de manera feroz tanto las leyes nacionales que siguen el modelo francés (tres avisos y corte de acceso a la Red) como las negociaciones entre la UE, EE UU y otros socios comerciales para firmar un acuerdo contra la piratería (ACTA, según sus siglas en inglés).

El Supervisor Europeo de Protección de Datos, Peter Hustinx, señala en el dictamen que las leyes de tres avisos "son altamente intrusivas en la esfera privada de los individuos" y "entrañan un control generalizado de las actividades de los usuarios de internet, incluidas las que son perfectamente legales". Hustinx califica esas leyes como "desproporcionadas" y se declara "convencido de que existen soluciones alternativas menos intrusivas".

Pero la parte más peligrosa del dictamen para los Gobiernos es la que señala que las leyes antipiratería, tal y como se están planteando en Francia o en España, pueden violar al menos dos directivas europeas (la 95/46 , sobre protección de datos personales y la 2002/58, sobre procesamiento y protección de datos en el sector de las telecomunicaciones).

La primera de esas directivas exige garantías para el procesamiento de ciertos datos personales, entre los que figura, según el Supervisor, la dirección IP que identifica cada ordenador conectado a internet. El Supervisor advierte que esos datos no se pueden procesar de manera sistemática, sino sólo mediante autorización judicial para investigar delitos o infracciones graves.

La segunda directiva mencionada establece que los datos relacionados con el tráfico electrónico, como la dirección IP, sólo se pueden conservar el tiempo necesario a efectos de facturación, gestión de la red o prevención de fraude. El Supervisor cree que ese plazo no debería exceder de tres o cuatro semanas, por lo que cualquier reclamación a efectos de propiedad intelectual sería inútil transcurrido ese tiempo.

El dictamen de Hustinx, aunque no es vinculante, parece aspirar a frenar en Europa las leyes de "tres avisos". Sobre todo, porque teme que "si se permiten las políticas de desconexión de internet, se produzca una deriva hacia la legitimación de una vigilancia incluso más masiva de as actividades de los internautas".

Impacto en los derechos

La primera prueba de ese riesgo podría ser el acuerdo sobre el ACTA. El Supervisor europeo reprocha a la Comisión Europea que no le haya consultado sobre unas negociaciones que, potencialmente, pueden tener un impacto en los derechos fundamentales de los ciudadanos europeos. Y recuerda a la CE que la mayoría de los países que negocian (México, Marruecos, Japón, Corea o Singapur, entre otros)" no están reconocidos como garantes de un adecuado nivel de protección", por lo que podrían estar en peligro los datos transferidos desde la UE.

Apenas 72 horas después del dictamen, la dirección general de Comercio de la CE anunció la convocatoria de una consulta pública, el próximo 22 de marzo, para informar a todas las partes interesadas sobre el contenido y alcance del ACTA. La convocatoria llega tras tres años de negociaciones y numerosas protestas de la comunidad internauta y de las operadoras de telecomunicaciones sobre el acuerdo.