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El Gobierno espera atender entre cinco y seis propuestas para la puesta en marcha del DNI electrónico en España, cuya dotación en los tres próximos años es de 149 millones.

El lunes finaliza el periodo de presentación de ofertas para la adjudicación de la primera fase. Los participantes deben ajustarse a un presupuesto de 11,98 millones de euros, y según ha podido saber Cinco Días ya hay cuatro grupos en la pugna liderados por Telefónica, Accenture, Siemens y Telvent.

De la selección debe partir la unión temporal de empresas (UTE) que inicie el desarrollo tecnológico del DNI digital y que se ocupe de su posterior implantación por todo el país. El pliego de condiciones ha provocado una primera alianza configurada por Telefónica, Indra y Software AG. Por volumen, su mayor competidor es el consorcio formado por Accenture, Informática El Corte Inglés y Atos Origin. En una tercera UTE están Bull y Siemens. Y, por último, Page Ibérica y Telvent, filial de Abengoa, ultimaban ayer su plan.

Próximos pasos

Las negociaciones están rodeadas del mayor secretismo. De hecho, la mayoría de los portavoces oficiales de las compañías implicadas eluden ofrecer detalles al respecto, aunque reconocen la participación de sus empresas.

El concurso público fue convocado el 17 de enero por la Dirección General del Patrimonio del Estado y contempla el suministro de 'todos los componentes necesarios para la gestión del DNI electrónico'. Las ofertas tendrán un primer filtro en el Ministerio de Economía, encargado de verificar que se cumplen los requisitos técnicos. En caso de que haya problemas con alguna de las plicas se dará a conocer el jueves, 17 de marzo.

Las propuestas aceptadas llegarán a la Dirección General de la Policía, para que sean los expertos en informática quienes determinen cuál es la candidatura más solvente desde el punto de vista tecnológico. El 29 de este mes se dará lectura a todas ellas.

El presupuesto al que deben ajustarse las empresas es de 11,98 millones (IVA incluido) y la garantía provisional para participar ha ascendido a 240.000 euros. Entre los requisitos que se exigían a los posibles contratistas figuraban algunos de carácter económico, como facturar dos veces y media el valor del contrato o estar al día con Hacienda y la Seguridad Social. Además, deben demostrar solvencia técnica.

Si se cumplen los plazos estimados por el Gobierno, a primeros de junio debería elegirse el grupo de entidades que se hacen cargo de la nueva tarjeta de identificación. El consorcio elegido contará con poco tiempo para cumplir los objetivos, especialmente si se tiene en cuenta la cercanía del verano a la fecha del fallo.

El calendario contempla la emisión de 500.000 tarjetas este mismo año, de dos millones en 2006 y otros seis millones en 2007. Según estimaciones de Interior, en la actualidad hay 29 millones millones de documentos de identidad y el promedio de renovación es de seis millones por año. A ese ritmo, todos los ciudadanos podrían tener una tarjeta electrónica antes de que finalice 2010.

Aunque ahora se disputan casi 12 millones de euros, el proyecto consta de una dotación total de 148,9 millones. Y es que deben sumarse otras implantaciones complementarias, equipamientos y el precio de las propias tarjetas.