Telaraña de demandas cruzadas en Metrovacesa
La inmobiliaria y sus exaccionistas interponen denuncias de todo tipo.
Metrovacesa, con una deuda de casi 6.000 millones de euros, navega en un mar de denuncias que no pueden sino dilatar aún más la llegada a buen puerto de la que fuera primera inmobiliaria española.
La compañía, que tiene como principales accionistas a entidades financieras, demandó el año pasado a su expresidente Joaquín Rivero, y sugirió que haría lo mismo con Román Sanahuja, que sustituyó a Rivero en el cargo. La Fiscalía Anticorrupción ha presentado una querella contra Rivero por presunto empleo de información privilegiada. La Fiscalía de Barcelona también ha demandado a Román Sanahuja. Representantes legales de accionistas minoritarios han demandado a unos y otros... Además, los contenciosos que afronta la empresa por las responsabilidades propias de su actividad supusieron que en 2009 Metrovacesa tuviera que provisionar 26,19 millones.
En junio de 2010 la junta de accionistas de Metrovacesa, controlada por Santander, BBVA, Caja Madrid, La Caixa, Banco Popular, Barclays y Sabadell, decidió una acción de responsabilidad social contra Joaquín Rivero y el ex consejero delegado Manuel González por presunta malversación de fondos. En octubre la inmobiliaria presentó las denuncias, centradas en dos operaciones realizadas en 2003 y 2007: una operación mercantil consistente en la presunta desviación de 50 millones de euros a la sociedad Stratum Industrie y una comisión mercantil firmada por Metrovacesa con la sociedad Eusko Levantear Eraikuntzak II, por la que presuntamente prestó a esta firma 50 millones de euros para comprar en su nombre unos terrenos en Marbella.
La Fiscalía Anticorrupción presentó una querella contra Joaquín Rivero el pasado mes de noviembre por presunto empleo de información privilegiada. La fiscalía sostiene que Rivero se lucró ilícitamente al comprar acciones a finales de 2005 de la inmobiliaria, tras pactar con Román Sanahuja y Luis Portillo comprar los títulos que este último tenía en la compañía. El acuerdo se alcanzó el 24 de diciembre de aquel año y el hecho relevante no fue publicado hasta el 30 de diciembre. A esta querella se han sumado Metrovacesa y accionistas minoritarios.
La Fiscalía de Cataluña también ha presentado una querella en la que acusa a cuatro miembros de la familia Sanahuja de haber defraudado casi 15,5 millones de impuestos en una operación de venta de acciones. La familia Sanahuja inició en 2006 una guerra de opas por el control de Metrovacesa contra Joaquín Rivero. Sanahuja logró el control de la inmobiliaria, pero el endeudamiento en el que incurrió fue tan alto que se vio obligado a ceder a la banca acreedora sus acciones para reducir la deuda. Rivero pasó a presidir Gecina -participada por Metrovacesa en un 26,9% y en la que Joaquín Rivero tiene el 16,1%-, cargo que dejó el año pasado tras hacerse evidentes las diferencias con el consejo de administración de la inmobiliaria francesa.
También en torno a Gecina se han presentado demandas. Accionistas minoritarios interpusieron una denuncia ante la AMF, el organismo regulador del mercado francés, por la compra que Gecina hizo del 50% de la inmobiliaria española Bami, controlada a su vez por Joaquín Rivero, cuando el mismo Rivero presidía Gecina.
Por último, representantes legales de accionistas minoritarios de Metrovacesa presentaron una querella ante la Fiscalía Anticorrupción el pasado mes de diciembre contra el consejo de administración que presidió Román Sanahuja y contra el actual consejo de administración, presidido por Vitalino Nafría, ligado a BBVA.
En la denuncia se acusa a Sanahuja de supuestos delitos societarios relacionados con varias operaciones de compraventa de activos mientras estuvo al frente de la compañía. Y acusan al actual equipo gestor de connivencia.
Román Sanahuja, multado con 250 euros
A pesar de que el expresidente y primer accionista de Metrovacesa, Román Sanahuja, se ha visto en apenas dos años despojado de sus acciones de Metrovacesa, donde llegó a tener más del 80% del capital, y de que su compañía familiar, Sacresa, está en concurso de acreedores con cerca de 2.000 millones de euros, el empresario catalán no tendrá problemas para abonar la multa de 250 euros que previsiblemente le será impuesta por no presentarse ayer en los juzgados de plaza de Castilla.El juez del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid llamó a declarar a Sanahuja como testigo del acuerdo al que llegaron en la Nochebuena de 2005 él, Joaquín Rivero y Luis Portillo. La Fiscalía Anticorrupción ha presentado una querella contra Rivero, que defiende su inocencia, por entender que tras ese acuerdo el empresario andaluz compró acciones de la inmobiliaria antes de que el hecho relevante que haría referencia a ese acuerdo fuera publicado.Fuentes cercanas a Sanahuja indicaron que el empresario catalán declarará hoy como testigo en el juzgado de plaza de Castilla. No sería descartable que el fiscal decidiera también llamar al otro testigo de excepción de aquel pacto, Luis Portillo, expresidente y ex primer accionista de Colonial.
Procesos abiertos. Todos contra todos
Contra Joaquín Rivero: Metrovacesa ha demandado al empresario andaluz por dos operaciones realizadas durante su etapa como presidente. La Fiscalía Anticorrupción ha presentado una querella contra Rivero por presunto uso de información privilegiada.Contra Sanahuja: la Fiscalía de Cataluña acusa a Sanahuja de defraudar más de 15 millones.Contra Metrovacesa: accionistas minoritarios presentaron una querella contra el actual consejo.
