El Supremo deja en el aire el traslado a Barcelona de la CMT
El Tribunal Supremo dio ayer un serio varapalo al Gobierno y al Ministerio de Industria por la mudanza de la CMT a Barcelona. En una sentencia que se conocerá en los próximos días y que contiene votos particulares, el Alto Tribunal estima los recursos de la Comunidad de Madrid y de un grupo de trabajadores contra el polémico traslado del organismo regulador.
La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) culminó a principios del pasado mes de enero su traslado a Barcelona, en lo que suponía el punto final a más de un año de polémica y de tensiones con los trabajadores. Pero justo cuando la última oferta de empleo público ha llevado la plantilla de la comisión a niveles similares a los previos a la mudanza y cuando los ecos de la batalla estaban ya acallados, el Tribunal Supremo ha dado un vuelco al escenario.
En una decisión comunicada ayer, el pleno de la Sala Tercera del alto tribunal ha rechazado el traslado de la CMT a Barcelona, al estimar los recursos interpuestos por la Comunidad de Madrid, gobernada por el PP, y un grupo de trabajadores contra el real decreto de diciembre de 2004 que aprobó la mudanza. La razón de esta postura es que ha considerado 'insuficientes algunos de los informes emitidos en el procedimiento de elaboración del real decreto impugnado', según explicaron ayer fuentes del tribunal.
La sentencia, que incluye votos particulares, tardará unos días en publicarse y hasta ese momento esperarán los afectados para hacer las valoraciones de mayor calado. Por el momento, la decisión ha caído como un jarro de agua fría en el Gobierno y en el Ministerio de Industria, los artífices del traslado, sobre todo por lo inesperada, ya que el Supremo rechazó las medidas cautelares solicitadas por la Comunidad de Madrid para paralizar la mudanza.
La sentencia no 'deslegitima' el traslado ni la potestad del Gobierno, asegura Industria
A la espera de que se conozca la sentencia, la decisión del tribunal supondría, en principio, que la CMT debería regresar a Madrid, aunque puede caber recurso. El Supremo supone el fin de la vía administrativa y a partir de ahí queda la vía excepcional, es decir, el Tribunal Constitucional. Sin embargo, fuentes jurídicas recuerdan que a esta instancia sólo puede apelarse cuando hay una infracción contra un principio constitucional, algo que consideran difícil de probar en este caso.
Más factible parece otro camino. Aunque la sentencia todavía no es pública, el Tribunal Supremo ya ha dicho que el rechazo al traslado se basa en que algunos informes emitidos para justificar la mudanza fueron insuficientes. Ello sirvió ayer al Ministerio de Industria para asegurar que la decisión judicial 'no deslegitima ni el traslado ni el real decreto que lo aprobó', lo que significa que no ataca la potestad del Gobierno para cambiar la sede de la CMT. Y así parece que es. Puesto que el Tribunal Supremo no parece poner en duda las competencias del Gobierno en esta materia, el Ejecutivo sería libre de acatar la actual sentencia y subsanar en un siguiente real decreto las deficiencias que el Tribunal Supremo ha apreciado para su decisión.
Por el momento, Industria prefiere no elucubrar con vías de salida, pero sí ha asegurado que acatará la sentencia y, a la vez, que sus servicios jurídicos se pondrán a trabajar en cuanto tengan la sentencia en posibles recursos o actuaciones. La tarea recaerá en el equipo dirigido por Joan Clos, actual ministro de industria y sustituto del artífice de la mudanza, José Montilla, en el puesto. La CMT, en este caso, poco puede hacer, ya que el acto recurrido es del Gobierno y sólo el sujeto del hecho recurrido puede plantear la batalla.
Al igual que la polémica del traslado motivó en su día una cascada de reacciones, la decisión del Supremo provocó ayer decenas de declaraciones. La institución más satisfecha fue la Comunidad de Madrid, que acogió con satisfacción la sentencia, tanto por el respaldo del tribunal a su recurso como por los intereses de los trabajadores. También el PP manifestó su acuerdo con el fallo judicial, al igual que Izquierda Unida, que alabó la 'racionalidad' que impone la decisión de los magistrados, informa Europa Press.
En el frente contrario se situó CiU, partido que acusó a Montilla de 'no hacer bien los deberes' y exigió a Clos que arreglara el problema y mantuviera la CMT en Cataluña. ERC consideró 'muy mala noticia' la anulación del traslado y afirmó que hará lo necesario para que no haya marcha atrás en la mudanza. El consejero de Economía en funciones del Gobierno catalán, por último, señaló que 'respeta, pero deplora' la decisión del Supremo.
Dos años y medio de polémica por la mudanza
La sentencia del Tribunal Supremo llega después de dos años y medio de polémica por el traslado, que saltó a la escena pública en los primeros meses de 2004. Primero fue una petición del Gobierno catalán y luego se fue consumando la mudanza, con la oposición de los trabajadores e incluso del presidente de la CMT en ese momento, Carlos Bustelo.Pese a las protestas, el Gobierno aprobó el traslado a Barcelona en su última reunión del año 2004, lo que fue tildado de 'deportación' por Bustelo. A los pocos meses, el Ejecutivo forzó la dimisión del presidente, que fue sustituido por su vicepresidente, Reinaldo Rodríguez.El traslado siguió adelante, a pesar de que el 60% de los empleados de carácter técnico se quedaron en Madrid. Tras varias convocatorias de empleo público, la CMT acaba de ajustar su plantilla en Barcelona.