El Supremo anula la exclusividad de las grandes eléctricas de vender a tarifa
El Supremo ha dado la razón a las pequeñas distribuidoras, a las que el real decreto que fijó hace dos años la tarifa de último recurso (TUR) dejó sin su medio millón de clientes. Sin embargo, aunque ha anulado la norma, las grandes eléctricas tienen la exclusiva de esta tarifa y así se mantendrá hasta que Industria la cambie.
Los recursos contencioso-administrativos que presentaron hace casi dos años ante el Tribunal Supremo las pequeñas distribuidoras, contra la decisión del Gobierno de excluirlas del sistema de suministro de último recurso, se han saldado con sendos fallos favorables, aunque de difícil aplicación retroactiva. Las denunciantes fueron la patronal CIDE, que agrupa a 350 pequeñas compañías, y varios socios de Aseme, que incluye distribuidoras de tamaño medio.
El sistema de suministro a tarifa (TUR) entró en vigor en julio de 2009 y estableció que solo podían comercializar energía con tarifa regulada a los consumidores domésticos los llamados comercializadores de último recurso (CUR) que se determinarían por ley. De esta manera, los CUR sustituirían a las distribuidoras eléctricas que, históricamente, además de la distribución (un monopolio natural), habían vendido electricidad.
Los elegidos legalmente para suministrar con la nueva TUR fueron los grupos de las cinco grandes distribuidoras (Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, HC Energía y Eon España), y se quedaron sin clientes las 350 asociadas de CIDE y las 150 de Aseme. Entre todas sumaban medio millón de clientes en pequeñas y medianas localidades de toda España.
El Tribunal Supremo ha derogado el artículo segundo del Real Decreto 485/2009 que puso en marcha la TUR y fijó la lista de los nuevos CUR, en la que incluyó a las cinco grandes alegando que se trataba de una actividad liberalizada (pese a denominarse tarifa) y que las pequeñas podrían tener problemas financieros al adquirir la energía en el mercado libre, a través de las subastas (las polémicas Cesur) que se crearon con ese fin.
Aunque la sentencia es firme y deroga dicho artículo, no lo considera incompatible con el ordenamiento jurídico. Aunque, al ser selectiva, debe estar mejor motivado y razonado. "No se establecen criterios objetivos de por qué se excluyen", ni "cuáles son los presupuestos que deben servir para revisar la lista de CUR", señala el Supremo.
Aun con todo, para evitar un daño mayor a los consumidores, se mantendrán los actuales CUR de forma transitoria hasta que la norma sea anulada por el Gobierno, algo a lo que está obligado. Sin embargo, el Ejecutivo podría optar por volver a plantear el mismo sistema, pero reforzando su motivación (lo que podría ser recurrido de nuevo), o por publicar nuevas condiciones para poder ser comercializador de último recurso. Otra posibilidad es que el Gobierno incluya los cambios en una norma con rango de ley (por ejemplo, en la reforma para transponer la directiva de la electricidad), la cual no podría ser recurrida por las afectadas. Estas no han querido hacer declaraciones tras conocer los fallos.
Una sentencia agridulce
Aunque el Tribunal Supremo les da la razón, el triunfo ha resultado agridulce para las pequeñas distribuidoras que lo denunciaron en su día. Por un lado, porque, de momento, todo va a seguir igual y tendrán que esperar a que el Gobierno modifique la norma que el Alto Tribunal ha anulado. En este sentido, podría mantener (eso sí, con motivos más objetivos) la misma lista de comercializadores de último recurso, derecho que ejercen en exclusiva las cinco grandes eléctricas, o imponer nuevas condiciones para poder ser CUR o cualquier otra opción.Por otro lado, buena parte de las empresas de CIDE lograron que el Gobierno les diera una solución para mantener a parte de sus clientes, para lo que crearon hace dos años una comercializadora en el mercado libre en alianza con HC Energía.A esta comercializadora fueron traspasados dichos clientes, excepto los que tienen derecho al bono social, que no podrían disfrutar del mismo si están en el mercado libre.