Viernes, 10-07-2009 - Actualizado a las 9:24 h.
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Las nuevas plantas industriales están obligadas a solicitar autorización desde este mes
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Begoña Calzón - Madrid - 22/07/2003
Ha pasado un año desde que entró en vigor la controvertida Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación. Esta norma supone un auténtico desafío para la industria española, ya que obliga a casi 4.000 centros de producción a invertir unos 6.000 millones de euros en modernizar sus instalaciones, a fin de reducir un 3% sus emisiones de gases contaminantes en el horizonte de 2007.
Pero el reto no es sólo tecnológico y de presupuesto, sino también administrativo, porque las comunidades tienen la competencia para otorgar la autorización ambiental integrada, un nuevo permiso que es imprescindible para toda instalación industrial nueva desde el pasado jueves. Sin embargo, al margen de Cataluña, que se adelantó a la entrada en vigor de la norma, con la Ley 11/2003, de 8 de abril, sólo Baleares y Castilla y León están en condiciones de garantizar la tramitación de estos permisos en un plazo razonable. Ambas han designado órganos competentes para ello mediante el Decreto 135/2002, de 8 de noviembre, y la Ley 11/2003, de 8 de abril.
La ley estatal establece un plazo máximo de 10 meses para tramitar esta autorización. La Generalitat de Cataluña se ha autoexigido no tardar más de medio año en resolver estas solicitudes.
El experto en derecho medioambiental Emilio Gómez, del bufete de abogados Gómez Acebo & Pombo, entiende que 'todas las comunidades que no han desarrollado la Ley IPPC se enfrentan a un trámite nuevo y, seguramente, agotarán el plazo previsto'.
Víctor Casarrubios, otro experto del mismo bufete, precisa que, 'aunque una comunidad no designe el órgano competente en esta materia, la propia ley prevé que deberá asumirlo la consejería o departamento de medio ambiente'. De manera que, según Casarrubios, 'nada impide, en teoría, solicitar la autorización ambiental'.
Galvanizados de Navarra
De hecho, se han publicado varios procedimientos en curso: en Aragón, 11; en Navarra, nueve; en Valencia, tres; en Castilla y León, dos, y en el País Vasco, una. El 27 de febrero, en el Boletín Oficial de Navarra se publicó una resolución en la que se concedía a Galvanizados de Navarra la primera autorización ambiental integrada.
En la práctica, según explica Casarrubios, este permiso está ocasionando 'verdaderos trastornos a muchas empresas' que tenían proyectos previstos antes de la entrada en vigor de la Ley IPPC, pero que no han conseguido las licencias para entrar en funcionamiento. La norma establece que desde el pasado 3 de julio estos proyectos dejan de considerarse 'instalaciones existentes' y, por lo tanto, pierden el aplazamiento de cuatro años para adaptarse a la norma. Casarrubios reconoce que, en esta situación, 'se están negociando acuerdos con el ministerio'.
Aragón y La Rioja también han dado algún paso para prepararse para asumir la carga adicional de trabajo.
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