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En 2005 las sociedades españolas Iberedil Gestiones y Bracar y la división inmobiliaria del banco holandés ING, ING Real Estate, crearon la sociedad Parque Comercial Guadalhorce (PCG), que desarrollaría un ambicioso proyecto industrial en Málaga: Innova Park. Sobre una superficie de 115.000 metros cuadrados, unos terrenos ocupados en su día por Intelhorce, edificarían un parque empresarial con 10 edificios, que albergaría a 300 empresas y que daría empleo a 1.500 personas. En 2008 estarían terminadas las dos primeras fases del proyecto. Pero a día de hoy está paralizado.

Recientemente, las empresas españolas en el proyecto han presentado una demanda en el juzgado de primera instancial juzgado de primera instancia de Madrid, a la que ha tenido acceso este diario, en la que denuncian a ING Real Estate por incumplimiento de contrato. Un portavoz de la entidad financiera indicó que no tenían constancia formal de dicha demanda. "Es normal que ahora todo vaya más lento", añadieron.

Fueron Iberedil y Bracar las sociedades que lograron la calificación urbanística necesaria aprobada por el Ayuntamiento de Málaga para la promoción del parque industrial y las que dieron entrada a ING Real Estate en el proyecto, a través de una ampliación de capital. Las tres empresas socias de PCG suscribieron un pacto en virtud del cual los minoritarios (las empresas españolas), con el 33,3% del capital, no estarían obligados a aportaciones de capital para evitar que ING Real Estate, con el 66,6% restante, diluyera la participación de las empresas españolas.

De acuerdo a la demanda presentada contra la división inmobiliaria del banco holandés, ING Real Estate propuso el pasado año comprar su participación a las sociedades españolas. Pero la entidad atrasa en sucesivas ocasiones el pago hasta que, de acuerdo a la demanda presentada, un día antes de que se produjera el vencimiento del plazo para el pago del préstamo hipotecario solicitado para comprar los terrenos, más de 30 millones de euros, ING Real Estate presenta una nueva oferta que reduce drásticamente el precio pactado anteriormente (3,6 millones de euros).

La propuesta de la filial de la entidad holandesa advertía a los socios españoles que de no vender su participación por un precio muy inferior al acordado tendrían que aportar otros 12 millones de euros. "ING tiene prisa por liberarse de los socios minoritarios y les sigue mostrando un panorama desolador de la sociedad y la exigencia de firmas para poder continuar. En tanto, los debilita hasta que decide seis meses después el exterminio", dice la demanda.