Seguros flexibiliza el control regional de las mutualidades

Los Gobiernos autonómicos mantendrán la supervisión de las mutualidades de previsión social (MPS) y de las entidades de previsión social voluntaria (EPSV, solo existentes en el País Vasco) aunque operen fuera de su región de origen. Actualmente, la norma fija que su control se mantiene mientras la práctica totalidad del negocio quede en el territorio doméstico.

El borrador del Anteproyecto de Ley de Ordenación y Supervisión de Seguros Privados (LOSSP) establece que los Ejecutivos regionales seguirán revisando las MPS siempre y cuando "tengan el 75% de los riesgos localizados y de los compromisos asumidos en el territorio de la comunidad autónoma".

Las MPS son entidades que ejercen una modalidad aseguradora de carácter voluntario complementaria al sistema de la Seguridad Social. Se nutren con fondos aportados por los mutualistas, que suelen ser personas pertenecientes a una misma profesión o empleadas por una misma compañía. Cubren contingencias como el fallecimiento, la viudedad, la orfandad, la jubilación o la dependencia, además de pagar subsidios por accidentes, enfermedad y decesos. No obstante, el importe de los pagos que realizan está limitado. Las MPS de más peso son Mutualidad de la Abogacía y Hermandad Nacional de Arquitectos (HNA).

Ventajas para los pequeños

El borrador que presentó ayer la DGS también aligera los requisitos que han de cumplir las entidades aseguradoras de dimensión reducida y las MPS. El capital social de las sociedades anónimas que cumplan los requisitos para situarse bajo esta categoría será el 50% de la cantidad exigida al resto de compañías, y el importe del fondo mutual demandado a las mutuas pequeñas será el desembolso mínimo exigido a las sociedades anónimas. Unespa no ve con buenos ojos que se fije un doble rasero en base al tamaño ni para las MPS porque hay riesgos equiparables.

La DGS presentó ayer a los asistentes a la Junta Consultiva de Seguros el calendario de tramitación de la LOSSP. La preparación administrativa se desarrollará entre enero y febrero. En marzo la norma será remitida al Consejo de Ministros para que emita su informe, de forma que durante la primavera sea estudiada por los organismos pertinentes (Consejo de Estado, Consejo Económico y Social (CES), y Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)). En junio, el escrito volverá al Consejo de Ministros para su aprobación como proyecto de Ley, de forma que la tramitación parlamentaria pueda desarrollarse durante la segunda mitad de 2011.