La Seguridad Social denuncia ante la CNC el oligopolio de las eléctricas
El coste de la electricidad para las dependencias de la Seguridad Social ha aumentado un 80% entre 2002 y 2009. El organismo ha denunciado ante Competencia y la CNE las trabas de las eléctricas para suministrarle en el mercado libre y las acusa de pactar precios y de oligopolio.
El secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, ha remitido a la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) y la Comisión de la Energía (CNE) sendos escritos en los que denuncia las serias dificultades que tienen las dependencias de este organismo en toda España para contratar electricidad en el mercado libre. Algo a lo que obliga la ley desde julio de 2009 a los clientes con potencia superior a 10 kW.
Las duras condiciones económicas que imponen las comercializadoras a las direcciones provinciales de la Seguridad Social cuando logran ofertas por el servicio o los fuertes incrementos de tarifa que sufren en tanto consiguen contratar en el mercado libre, han provocado que el gasto en electricidad en todo el ámbito de la Tesorería General de la Seguridad Social se dispare. Este gasto ha pasado de seis millones a casi 11 millones de euros entre 2002 y 2009, un 80,2% más. En el caso de la Gerencia de Informática de este organismo, el gasto se ha elevado un 216%.
La denuncia va acompañada de un informe, al que ha tenido acceso CincoDías, en el que el organismo público considera que las dificultades para elegir libremente un suministrador se debe "a la existencia de cinco grupos empresariales -Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, HC Energía y Eon España- que poseen más del 95% de la distribución". El reparto territorial de las distribuidoras (en cuyos grupos empresariales conviven una comercializadora a tarifa con otra para el mercado libre) hace que la filial de uno de ellos no quiera competir con otras de su grupo ni invadir el territorio de distribución de sus competidores. Por tanto, según la denuncia, "el aparente mercado libre es un verdadero oligopolio en el que las empresas distribuidoras, colaborando entre ellas, pueden imponer precios y condiciones". Y cree que "su proceder pudiera estar pactado".
La mayor parte de las direcciones provinciales no han licitado el suministro
Esta división "tácita" del territorio hace que en los concursos abiertos por las Administraciones Públicas "no se reciban ofertas, o se reciban de una sola comercializadora del grupo de distribución de la zona". A dichos concursos "raramente concurren las de otros territorios".
Para demostrar la existencia de estos pactos, y con la intención de colaborar con la investigación más amplia que mantiene abierta Competencia sobre prácticas restrictivas en el cambio de suministrador, la denuncia incluye una amplia información sobre las incidencias en los procedimientos de licitación de la Seguridad Social.
El resultado es que, dadas las trabas empresariales y lo complicado del sistema, la mayor parte de las direcciones provinciales no han podido licitar el suministro.
Otra razón que explicaría estas dificultades es el fuerte recargo en la tarifa (el 20% trimestral) para quienes, con más de 10 kW de potencia, no han logrado aún pasar al mercado libre. El recargo era una medida disuasoria, que se ha ido prorrogando y acaba el 31 de diciembre.
Aun con todo, es difícil que las eléctricas puedan rescindir el suministro a un organismo público que comparte muchos inmuebles con centros sanitarios y que está al corriente de sus facturas, señala el informe. æpermil;ste califica de "perverso" el sistema de recargos, pues es un incentivo para que las empresas no hagan ofertas en el mercado y que los clientes no abandonen la tarifa, pues los recargos le benefician.
Multitud de trabas de las comercializadoras
La mayor parte de los centros gestores de la Tesorería de la Seguridad Social no han procedido aún a contratar el suministro eléctrico en el mercado libre. Este retraso en las licitaciones se explica, según la denuncia presentada por este organismo ante Competencia y la CNE, en las dificultades para confeccionar pliegos por la falta de conocimiento del sector eléctrico; por los constantes cambios tarifarios y de comercializadoras; la falta de pliegos tipo y la falta de respuesta de las comercializadoras cuando se les solicitan ofertas o información para licitar el suministro.En este sentido, solo 18 (una de ellas, en dos lotes) de las 52 direcciones provinciales han completado la licitación de todo o parte del suministro mediante un procedimiento abierto.En los contactos previos, las comercializadoras impusieron multitud de limitaciones ("contrarias" a la libertad de mercado, según la denuncia) a incluir en las licitaciones, "bajo amenaza de no presentar ofertas si no eran tenidas en consideración". Así, según el informe, las empresas no aceptaban contratos superiores a un año; no admitían la emisión de facturas diferenciadas para organismos distintos que compartían inmueble; se resistían a constituir garantías; obligaban a incrementar de forma importante los precios base de licitación "bajo amenaza"; querían imponer revisiones por cambios regulatorios o pretendían traspasar a la distribuidora gran parte de la responsabilidad por la calidad del suministro.En conclusión, de los 25 suministros diferenciados que se han licitado, 20 lo han hecho con el mismo grupo de distribución en el que estaban antes de licitarse y solo dos (adjudicados a Unión Fenosa) han cambiado sin oposición de grupo distribuidor.