Sebastián, dispuesto a compensar a las centrales de carbón importado
Industria prepara una compensación para las centrales de carbón de importación que serán desplazadas por las de mineral nacional a partir de noviembre. Se trata de un pago por disponibilidad que la ley permite y, a cambio del cual, el ministerio exige a las eléctricas que retiren el recurso que presentaron en Luxemburgo contra el real decreto sobre el carbón.
La amenaza de las empresas eléctricas de cerrar las seis plantas que funcionan con carbón de importación ha encontrado una rápida respuesta en Industria. Fuentes solventes aseguran que el departamento que dirige Miguel Sebastián está dispuesto a compensar a estas plantas térmicas (que serán desplazadas en el mercado por las de carbón nacional), mediante un pago por disponibilidad que permite la normativa pero que supondría una subida de la tarifa de acceso o un mayor déficit.
Eso sí, el ministerio pide algo a cambio: que las eléctricas retiren el recurso que presentaron recientemente ante el Tribunal de la Unión Europea contra el real decreto que las obliga a consumir carbón autóctono y que supone una ayuda de Estado a las eléctricas, que la Comisión Europea ha autorizado.
Diversas fuentes aseguran que el Gobierno no las tiene todas consigo y teme que los funcionarios den la razón a las denunciantes ya que consideran que el permiso fue una medida política articulada por el comisario de Competencia, Joaquín Almunia, y que no responde a criterios técnicos.
Industria estudia utilizar la norma de la garantía de potencia para adaptar las nuevas ayudas
De momento, el equipo de Sebastián está desempolvando la vieja normativa de la garantía de potencia para dar acomodo a unas nuevas ayudas que recibirán las seis térmicas que funcionan sólo con carbón importado: As Pontes y Litoral de Almería (Endesa); Meirama (Gas Natural Fenosa); Lada y Pasajes (Iberdrola), y Los Barrios (Eon España).
Dicha norma fue modificada por el anterior equipo de Industria para aligerar de cargas la tarifa en un momento en que la sobrecapacidad del sistema era casi un hecho.
La garantía de potencia, que suponía unos 1.200 millones en la tarifa, desapareció y se transformó en dos conceptos: el pago por inversión y el pago por disponibilidad. El primero lo cobran por 10 años las nuevas centrales, esto es, las de ciclo combinado, así como las de carbón por las mejoras medioambientales que realicen (por ejemplo, para desulfuración). De las seis centrales ahora en liza, todas ellas, excepto Meirama y As Pontes (ambas gallegas), reciben un pago por inversión: 8.250 euros/MW al año, frente a los 20.000 euros/MW de los ciclos combinados.
Subastar la ayuda
Pero, ¿qué fue del pago por disponibilidad? Aunque esta ayuda nunca se desarrolló reglamentariamente, los consumidores han seguido pagándola en la tarifa, hasta el punto de que existe un excedente de 600 millones de euros por este concepto en la cuenta habilitada al respecto por la Comisión Nacional de la Energía. Una cantidad con la que Industria quiere sufragar parte del coste de los incentivos al carbón nacional, calculado en más de 500 millones anuales. En este punto, no falta quien reclama que el pago por disponibilidad, para que lo sea realmente, sea subastado.
En el reglamento que prepara el Ministerio de Industria se pagaría una cantidad (sin determinar y que engrosaría la tarifa de acceso) a las seis centrales citadas por estar disponibles y sin producir (las empresas creen que la producción será "nula" hasta el año 2014). Aunque, en caso de recibir el pago por disponibilidad, se les restaría el de inversión.
Todo ello si el ministerio cumple con la condición que exige ahora a las eléctricas de que retiren su recurso en Luxemburgo.
Una herramienta para calmar el descontento
Los más críticos consideran que Industria va a volver a utilizar el llamado pago por disponibilidad (antigua garantía de potencia) como una herramienta para apaciguar el descontento de las eléctricas. Un descontento que se justifica sólo en parte por la gestión deficiente del Gobierno (como es el embrollo del real decreto sobre el carbón), pues, en otra buena parte, responde a errores propios, como es el exceso de inversiones que han realizado en los últimos años y que ahora les cuesta amortizar.En cualquier caso, si las empresas vuelven a recibir todo lo que cobraban antes por garantía de potencia (unos 1.200 millones al año), de nada habrá servido la reforma que el anterior equipo del ministerio hizo para reducir el déficit de tarifa. El cambio se planteó en un momento en que la potencia disponible estaba creciendo, ya que subir el pago cuando hay exceso de disponibilidad no resulta lógico. Por otro lado, por entonces se negoció también la llamada interrumpibilidad con los grandes industriales (que supone el pago de una tarifa menor por parte de estas empresas a cambio de que se les corte el suministro por necesidades del sistema), que es en sí un pago por disponibilidad.Fuentes del sector creen que el nuevo pago no será aceptado por la CE. En el primer real decreto sobre el carbón aprobado por el Gobierno en febrero se incluía un anexo con las compensaciones a las tecnologías desplazadas (lucro cesante para el gas y daño emergente para el carbón de importación). Este anexo fue eliminado por Industria alegando que Bruselas se lo había pedido, algo que niegan las empresas. De ser cierto, aseguran las mismas fuentes, el pago por capacidad que prepara el Gobierno equivaldría al daño emergente (a terceros) del anexo que eliminó.
Las cifras
600 millones han sido cobrados a los consumidores en la tarifa para pagos por capacidad que están sin reglamentar.20.000 euros/MW al año cobran las centrales nuevas por pago por inversión y 8.250 por mejoras en la producción.6 centrales españolas funcionan únicamente con carbón importado.