Santamaría ofrece a la banca su negocio de suelo y residencial para refinanciar Reyal
Reyal Urbis y la banca acreedora se han dado hasta las 12 horas del mediodía de hoy para cerrar la refinanciación de 4.600 millones de euros de deuda.
La inmobiliaria tiene un acuerdo con sus principales acreedores -de un total de 59 entidades acreedoras- y el lunes ya avanzó a la CNMV parte del contenido de ese convenio que esperaba haberlo cerrado definitivamente ese mismo día (finalmente la banca y la compañía alargaron el plazo de las negociaciones hasta las 12 horas de hoy).
A pesar de los acuerdos a los que han ido llegando la compañía y sus acreedores, fuentes conocedoras de las negociaciones advertían ayer que la amenaza del concurso ha planeado sobre todas las reuniones mantenidas esta semana y que no se descartaba que a última hora pudiera optarse por la alternativa de solicitar concurso voluntario de acreedores.
Rafael Santamaría, presidente de Reyal Urbis, está tratando en estas negociaciones con la banca de mantener para la compañía los activos que generan ingresos recurrentes, es decir, oficinas, hoteles y centros comerciales en alquiler. Según las fuentes consultadas, Santamaría pretende ceder a la banca todo el negocio residencial de la compañía y de suelo. Entre sus mayores proyectos residenciales figuran Castellana 200, que ha ofrecido ya a la banca, y la ciudad Valdeluz.
La ciudad proyectada por Reyal está situada a pocos kilómetros del centro de Guadalajara con una inversión de 1.123 millones de euros sobre una superficie de 450 hectáreas. El proyecto cuenta con cuatro fases de obra, de las que se ha finalizado la primera, con 2.000 viviendas. Reyal Urbis promueve la edificación, en total, de 8.500 viviendas, y la inmobiliaria Hercesa de otras 850.
Desde la compañía se asegura que prácticamente se han vendido todas las viviendas con las que contaba Reyal en Valdeluz y que se pretende mantener al menos la gestión del proyecto.
Según informó la inmobiliaria el lunes a la CNMV, el acuerdo con la banca contempla entre otros puntos, la extensión hasta 2016 de la fecha de vencimiento final del crédito sindicado; la aportación de una línea de financiación de 35 millones; la venta de activos por 400 millones de euros a bancos acreedores o la incorporación de un nuevo tramo de pago de deuda para la financiación de los intereses. Además la empresa informó que para "el cumplimiento del Plan de Negocio elaborado" necesita obtener por parte de la Agencia Tributaria "la obtención de determinados aplazamientos de pago solicitados en 2009", de 297 millones, según su última auditoría.