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Reclama por el cese de su consejero

Salazar cuestiona la legalidad de la presidencia de Pérez Claver en Sos

El ex presidente de Sos, Jesús Salazar, cuestionó ayer ante un juez mercantil la legalidad del nombramiento de Mariano Pérez Claver al frente de Sos. Considera que se forzó el cese de consejeros para lograr la mayoría necesaria para su designación. El magistrado desestimó sus alegaciones.

No sólo reclama volver a tener representación en el consejo de administración de Sos, sino que además pone en duda la legalidad de todas las decisiones que ha tomado la dirección del grupo de alimentación desde que acordó su cese.

Jesús Salazar acudió ayer a los tribunales para reclamar que se suspendan los acuerdos de la última junta de accionistas de Sos, en la que se nombró consejeros a Miguel Salinas y a Ahorro Corporación y se revocó a los representantes de los hermanos Salazar. Un cese que Sos entiende justificado después que se descubriera el presunto desvío de más de 230 millones de euros desde las cuentas de Sos hasta sociedades patrimoniales de quienes fueron sus máximos directivos.

Pero el abogado de Salazar, Ignacio Ramos, no considera que estas decisiones se ajusten a la legalidad. Durante la vista celebrada ayer en el Juzgado Mercantil Número 1 de Madrid, Ramos argumentó que se privó a Salazar del derecho de representación de su sociedad Unión de Capitales (a través de la que posee el 9,8% de Sos).

El juez mercantil desestima los argumentos del ex presidente del grupo

Según el letrado, los hermanos Salazar fueron privados de su derecho de agrupación de acciones. Por ello, se cesó a sus representantes Jaime Pereña y Luis Chicharro. Sin ambos, y tras el cese de otros dos consejeros (Daniel Klein y Lucas Torán), el consejo de Sos tuvo, a su juicio, vía libre para nombrar presidente a ex directivo de Caja Madrid Mariano Pérez Claver. æpermil;ste, según el abogado, no cumplía los dos años de permanencia en el consejo que marcan los estatutos para ser nombrado presidente y necesitaba para su elección la aprobación del 85% del consejo, apoyo que logró.

En esa línea, el letrado cuestionó todas las decisiones del consejo desde la junta de junio (el Expediente de Regulación de Empleo o la venta de la división arrocera, por ejemplo) al entender que pueden ir en perjuicio de su defendido. Pero estos argumentos han quedado, al menos en esta vista, en saco roto. El magistrado Carlos Nieto desestimó estas alegaciones, ya que no están incluidas en la demanda con la que Jesús Salazar trata de suspender los acuerdos de la última junta de accionistas.

En cuanto al abogado de Sos, José Antonio Rodríguez, argumentó que la elección formal de Pérez Claver se produjo tras la junta y que ésta nada tuvo que ver con los acuerdos de la misma. Además, el letrado reiteró que la decisión de cesar a los representantes de los Salazar se basa en la contraposición de intereses. En concreto, en la sentencia de FCC contra Acciona por la que ésta no obtuvo tres puestos en el consejo (a pesar de tener el 15% del capital) al ser competidores directos. En el caso de Salazar la disparidad de intereses se basa en la demanda penal que Sos ha presentado contra su ex presidente por presunta estafa y apropiación indebida.

Una vista mercantil desde la barrera

La de ayer fue la segunda ocasión en la que Jesús Salazar acudía ante un juez tras destaparse la supuesta apropiación de más de 230 millones de las cuentas de Sos. Pero esta vez no declaró. La de ayer fue una vista mercantil en la que Salazar no tuvo que intervenir. Mientras su abogado, Ignacio Ramos; y el de Sos, José Antonio Rodríguez, argumentaban la legalidad de las resoluciones de la última junta de accionistas de Sos, el ex presidente de la compañía tomaba notas. Salazar no perdió detalle de la vista celebrada ayer y que va en paralelo a la de su hermano, Jaime Salazar, quien también trata de volver a tener representación en el consejo de Sos a través de su sociedad Alván. Por el momento, habrá que esperar dos o tres semanas (según fuentes jurídicas) para saber si se toman medidas cautelares y se suspenden las decisiones de la junta, con los consiguientes recursos. Si así sucede, Salazar ha pedido una caución de 12.000 euros por posibles daños y perjuicios. Mientras, Sos hace lo propio con una contracaución de 100.000 euros.

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