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Lo que sí dejó claro a los sindicatos es que está totalmente descartada la posibilidad de que cualquier Administración pública pase a formar parte del accionariado de la compañía, lo que cierra la puerta a una eventual entrada de la Junta de Extremadura, comunidad en la que Cetarsa tiene cinco centros productivos y 600 empleados. Esta Administración ha reiterado su oposición a la privatización y ha pedido a la SEPI que frene este proceso.

Cetarsa es la primera empresa de transformación de tabaco en España, si bien su cuota de mercado no deja de descender a pasos agigantados en las últimas campañas. Así, la tabacalera ha pasado del 63,3% de 2001 al 47,5% de este año, lo que ha supuesto ceder terreno en la actividad del primer procesado a las multinacionales Agroexpansión (que ha avanzado del 16,2% al 25,2% en este periodo) y World Wide Tobacco España (WWTE) (que pasa del 18,2% al 26,1%).

Estas cifras se refieren al mercado extremeño, que aglutina en torno al 90% de las plantaciones de tabaco de España. El cuarto operador de este mercado es Taes, filial de Universal Leaf Tobacco, que tiene en torno al 1% del cupo. Agroexpansión y WWTE son filiales de las multinacionales Dimon y Standard Tobacco, respectivamente.

Principal candidata

Los comentarios que circulan entre los productores de tabaco sitúan a Universal Leaf Tobacco como la principal candidata a quedarse con Cetarsa, mientras que el BBVA sería la entidad financiera encargada de pilotar el proceso de tasación de la compañía por designación de la SEPI.

La principal razón que esgrimen los opositores a la privatización de la compañía es que la llegada de una empresa privada instala a los cultivadores en la incertidumbre de si seguirá comprando la misma cantidad de tabaco, por cuánto tiempo y a qué precio.

El cultivo y la transformación industrial es una actividad económica de suma importancia para las comarcas extremeñas de Campo Arañuelo, Alagón y La Vera, ya que entre el precio comercial del tabaco y las primas comunitarias estas zonas reciben entre 150 y 180 millones de euros anuales. De esta inyección económica dependen también multitud de actividades anexas.

Se da el caso, por ejemplo, de Aldeanueva de la Vera, donde prácticamente todas las familias del pueblo viven del cultivo de 1,3 millones de kilos de tabaco. Los cultivadores ven en el carácter público de Cetarsa un elemento de estabilidad para el mercado, que se puede romper si la compañía se privatiza y se aplican en ella criterios de gestión estrictamente empresariales. Se calcula que hay unas 4.000 familias en estas zonas que viven directamente del tabaco.

El mundo del cultivo y transformación del tabaco vive momentos de asedio desde varios frentes. A la inminente privatización de Cetarsa se unen la posibilidad de la reducción drástica de las ayudas al cultivo, que hoy representan el 85% de los ingresos de los productores, y las campañas sanitarias para reducir el consumo de cigarrillos por parte de la población.

Además, hay en marcha por parte de la Comisión Europea una investigación a las empresas transformadoras por presunto pacto de precios en campañas anteriores, que se sustanciará muy probablemente con una cuantiosa multa para las compañías.