Ryanair exige a los consumidores que respeten su libertad para fijar los precios
Ryanair reclamó el viernes a las asociaciones de consumidores españolas que "respeten las leyes españolas y europeas que permiten a las empresas fijar sus precios y cobrar por los servicios de la manera que ellos decidan". Apuntó, además, que "los consumidores son libres de elegir la compañía aérea y los servicios que desean pagar" dentro de un mercado competitivo con muchos operadores diferentes.
De este modo, la empresa responde a las quejas de las asociaciones por la decisión de la aerolínea de cobrar una tasa de dos euros por pasajero para todas las reservas realizadas desde el próximo lunes, 4 de abril. Su intención, con esta cuota extra, es financiar los gastos de cancelación de vuelos, retrasos y costes derivados de casos de "fuerza mayor" en los que la compañía no es responsable.
Ryanair considera que esta normativa es "injusta" porque obliga a las aerolíneas a ofrecer a sus pasajeros la devolución de la tarifa, un asiento en el siguiente vuelo disponible para esa u otra ruta alternativa y, durante ese tiempo, han de hacerse cargo de los gastos de manutención y alojamiento del cliente.
Según la aerolínea, más de dos millones y medio de pasajeros se vieron afectados el pasado año por las cancelaciones o retrasos de unos 15.000 vuelos, lo que le costó a la empresa 100 millones. Con este recargo, la empresa pretende "neutralizar" estos costes.
Por su parte, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recordó a Ryanair que puede acudir a los tribunales si considera "injusta" la normativa europea vigente antes de establecer un recargo sobre los pasajeros.
La OCU entiende que el reglamento en vigor, tal y como está redactado, obliga a las compañías a dar asistencia a los pasajeros en aquellos casos en los que se haya producido una circunstancia extraordinaria. Por lo tanto, "no se podrá cobrar un recargo a los usuarios por estos motivos".
La asociación lamentó la pasividad de la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA) y del Instituto Nacional de Consumo (INC) frente a este "atropello" de los derechos del pasajero y no descarta acudir a los tribunales para defender unos derechos "que la Administración no sabe defender".