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La ejecutiva de Yukos, por su parte, ha reaccionado como se esperaba. Ya prometió que atacaría a cualquiera que se hiciese con el control de Yuganskneftegaz, la filial del grupo que extraía la mayor parte del crudo, y que fue subastada y adjudicada el domingo a una empresa fantasma tras la que finalmente ha resultado estar Rosneft, la petrolera estatal rusa. Por eso, emprenderá acciones legales contra ella basándose en la declaración de quiebra emitida por un tribunal de Houston, en los EE UU.

"Ya advertimos de que aquel que se ha hecho con el control de Yuganskneftegaz ha comprado un fuerte dolor de cabeza y si el beneficiario final de la operación es Rosneft, esa declaración se extiende también a esa respetable compañía", ha dicho hoy el portavoz de Yukos. La que hasta ahora era la primera compañía privada rusa recuerda que la declaración de quiebra del tribunal tejano, emitida la semana pasada antes de la subasta, ampara las acciones judiciales que se tomen contra los beneficiarios de las transacciones de los activos de Yuganskneftegaz.

Rosneft es la sexta empresa del sector, y está inmersa en un plan de absorción por parte Gazprom, una gasífera cuya titularidad ostenta también el Estado ruso, y que había sido apuntada en un principio como la compradora en la sombra de Yuganskneftegaz. La fusión planeada entre Rosneft y Gazprom pretende crear un gigante energético, en el que podría también participar la petrolífera estatal China, y sobre el que el Estado ruso tendrá un control absoluto gracias a una participación del 51%.

Renacionalización de la energía

La desmantelación de Yukos supone un paso atrás en el proceso de liberalización económica iniciado en los años 90, cuando el estado post soviético se deshizo sin demasiados miramientos de algunas de sus principales empresas, cediendo su control a magnates que ofrecían a cambio el apoyo político que necesitaba el entonces presidente, Boris Yeltsin.

Adjudicada finalmente por menos de la mitad del valor que le asignaban los analistas internacionales, la venta de Yuganskneftegaz ha suscitado las críticas desde sectores empresariales y gubernamentales de todo el mundo, que acusan al Ejecutivo de Vladimir Putin de practicar un intervencionismo descarnado.