El PSOE busca más apoyos para salvar la enmienda antiblindaje
El respaldo de CiU en el Congreso le fue suficiente al Gobierno, pero en el Senado se le queda corto. De ahí que esté buscando nuevos socios con los que sacar adelante la llamada enmienda antiblindaje, cuyos efectos seguirán excluyendo a las compañías no cotizadas.
Los diferentes grupos parlamentarios han vuelto a reproducir en la Cámara Alta las mismas posiciones que defendieron en el Congreso hace dos meses sobre la decisión del Gobierno de suprimir los límites a los derechos de voto, aprovechando la tramitación de la Ley de Auditoría. El problema es que la aritmética en el Senado no funciona igual que en el Congreso porque al PSOE no le basta con el apoyo de CiU para sacar adelante sus iniciativas, circunstancia que le va a obligar a buscar apoyos suplementarios.
El PNV ha registrado una enmienda en la que defiende que se mantenga el límite a los derechos de voto, salvo que se lance una opa por el 75% de la compañía. A juicio de los nacionalistas vascos, identificados con los intereses de Iberdrola, esta iniciativa serviría para proteger a los accionistas más modestos de aquellas sociedades donde una minoría puede tomar decisiones que afectan al conjunto. El PNV ha tomado como una de sus referencias la legislación francesa y de llevarse a la práctica su propuesta tendría que modificarse la ley del Mercado de Valores y la ley de Opas.
El PP, por su parte, ha presentado en el Senado varias enmiendas para brindar una mayor protección a los pequeños accionistas y prevenir contra los riesgos adosados a las tomas de control procedentes de inversiones extracomunitarias. Los populares emplazan mediante la citada enmienda a la CNMV a obligar a lanzar una opa en los supuestos de toma de control por actuaciones concertadas. Se entendería que una persona o empresa tiene el control de una sociedad cuando alcanzara un porcentaje de derechos de voto igual o superior al 30%.
Lagunas legales
Los populares consideran que en la actual legislación hay lagunas que no garantizan de forma efectiva esta obligación y va a defender en el Senado su modificación.
Además, el PP establece en otra enmienda un procedimiento de breve verificación, similar al vigente en Alemania, aplicable a las inversiones extracomunitarias mediante las que se alcance un 25% de los derechos de voto en una sociedad española. El objetivo pasa por evitar que tal inversión suponga un riesgo para el orden público o la seguridad privada.
En el peor de los casos, si el pacto entre el Gobierno y CiU alcanzado en el Congreso no prosperara en el Senado por falta de apoyos, siempre tendrían posibilidades de recomponerlo en el Congreso. Dicho pacto establece la supresión de los límites a los derechos de voto en las sociedades cotizadas, aunque éstas dispondrán hasta mayo del año que viene para adaptar sus estatutos a la nueva normativa.